La Unión General de Trabajadores considera que los presupuestos para 2016 en materia de políticas de empleo –que descienden un 16,7%-  son insuficientes, profundizan en la desprotección de las personas, debilitan el papel de los servicios públicos de empleo y olvidan la necesidad de mejorar la empleabilidad e inserción de los parados. El sindicato denuncia que la rebaja de un 22% en la cuantía destinada a prestaciones por desempleo deja a cerca de 1,9 millones de personas fuera del sistema de protección y que el aumento en el gasto de políticas activas queda absorbido por las Agencias de Colocación y no se destina a la mejora de los servicios públicos de empleo.  Denuncia además que el aumento de incentivos a la contratación a través de bonificaciones está subvencionando ya la precariedad puesto que, en la actualidad, el 80% de los incentivos han sido destinados a contratación temporal y sólo un 20% a indefinida.

El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016, actualmente en debate en el Congreso, intensifica la precarización de las políticas de empleo en España.

Por un lado, la cuantía programada para prestaciones por desempleo desciende a 19.820 millones de euros, casi un 22% menos que en los PGE 2015, mientras la caída del paro registrado ha sido sólo del 8,4% según los últimos datos publicados por el SEPE para el mes de julio.

Por otro lado, el programa de fomento de la inserción y la estabilidad laboral se dotará de 5.178 millones. En conjunto, el presupuesto de políticas de empleo para 2016 cae un 16,7% respecto a 2015.

En un contexto macroeconómico marcado por la recuperación, tal y como asegura el gobierno en su actualización del cuadro macro, y de un ajuste fiscal menos exigente, no se entiende como el gasto total en políticas del mercado de trabajo, caiga incluso más que en 2015: un 16,7% (en volumen es un descenso superior a 5.000 millones de euros).

Se trata de un presupuesto insuficiente para atender a más de 4 millones de parados registrados, teniendo en cuenta que por cada desempleado registrado en los Servicios Públicos de Empleo se destinan 6.110 euros, 3.400 euros menos que en 2010 (con el mismo número de parados) y muy lejos de los niveles europeos de referencia.

La caída del gasto total tiene su origen en un menor presupuesto en prestaciones por desempleo: con una reducción de 5.480 millones de euros. Y cabe destacar que este fuerte descenso se produce a pesar de la incorporación de 350 millones de euros para el Programa de Activación para el Empleo.

El criterio seguido en estos presupuestos de 2016 se basa en una previsión sobre la creación de empleo que peca de excesivo optimismo. Para UGT este criterio no puede prevalecer porque el descenso en el gasto en prestaciones por desempleo no sólo es consecuencia del menor número de personas desempleadas sino, sobre todo, del endurecimiento de las condiciones de acceso a las prestaciones, del agotamiento de los periodos de prestación contributiva por la extensión de la situación de desempleo, del descenso del número de beneficiarios y también de las menores cuantías medias recibidas. Factores que han conducido a una rebaja de la tasa de cobertura, que ha pasado del 70,6% en 2011 al 54,4% en mayo de 2015, mínimo histórico, dejando a cerca de 1,9 millones de personas fuera del sistema de protección.

Para el sindicato son determinantes otros criterios no económicos que se centran en la situación de desprotección de las personas. No es coherente este presupuesto con un país que, a pesar del crecimiento del empleo (de peor calidad, eso sí) presenta una tasa de paro del 22,37%; con 5.149.000 de parados según la EPA.

Los últimos datos también señalan que el 61,9% de las personas en paro lleva más de un año buscando empleo (muy por encima del 20% del año 2008), siendo cada vez mayor la incidencia de las personas que llevan buscando empleo más de dos años (el 44,8% de los desempleados).

También el presupuesto del Plan Prepara cae un 18%, debido al ajuste que sufre, consecuencia del endurecimiento de las condiciones de acceso y sucede algo similar que con las prestaciones por desempleo: las situaciones de necesidad no se atienden plenamente y cada vez la cobertura de este plan es menor.

Hay situaciones de necesidad provocadas por el desempleo que deben ser atendidas con esta partida presupuestaria que no se puede limitar exclusivamente a proteger según la actual normativa. Por tanto, no sólo no debe reducirse sino que debe aumentar para dar mayor cobertura. Pues hay que convencerse de que no es la mejora del empleo la que está reduciendo los gastos de esta partida, sino el debilitamiento del sistema de cobertura.

Como sucedió con los presupuestos de 2015, a cambio del descenso de la partida en prestaciones por desempleo se incrementa el gasto en políticas activas: con un presupuesto que crece alrededor del 10%, superando los 5 mil millones de euros. Pero para UGT es un presupuesto aún insuficiente, lejos del existente en el año 2010 (7,7 millones de euros) con igual número de desempleados.

Además se trata de un presupuesto desigualmente repartido. El incremento del gasto en políticas activas queda absorbido por el aumento de determinadas partidas, que tienen como destino las Agencias de Colocación y las empresas a través de las bonificaciones para todo tipo de contratación. No está orientado, como nos gustaría, a itinerarios de inserción y a mejorar la empleabilidad de las personas, mediante la mejora de los servicios públicos de empleo, sino a subvencionar al sector privado.

El presupuesto para orientación aumenta, pero parece que será desarrollado casi plenamente por las Agencias de Colocación. Para los Presupuestos de 2016 la partida de Agencias de Colocación se incrementa en 35 millones respecto a 2015, pasando a 175 millones, de forma que el sector privado absorbe gran parte de los presupuestos para las labores de orientación.

Hay que tener en cuenta que en este año 2015 esta misma partida ya paso, de forma precipitada, de 30 millones en 2014 a 140 millones en 2015. Una decisión que vuelve a ser desproporcionada, teniendo en cuenta que no hay una evaluación del trabajo realizado por las Agencias, ya que su funcionamiento es incipiente. Habría que esperar y valorar, antes de dejar la orientación en manos privadas, si se están cumpliendo los objetivos en términos de inserción de personas desempleadas, y no de otros criterios.

Aumenta casi un 13% la partida de oportunidades de empleo, con un aumento del 9% de la partida para incentivos a la contratación a través de bonificaciones en las cotizaciones, cuyo peso en el conjunto de las políticas activas es cada vez mayor (1.635 millones). La apuesta del Gobierno por este tipo de medidas es clara. UGT recuerda que hay que evaluar estas medidas por la posible existencia de peso muerto en los contratos realizados, pues podrían ser contrataciones que se llevasen a cabo sin la ayuda y advierte de que el 80% de los incentivos fueron destinados a contratación temporal y sólo un 20% a indefinida. Y, desde nuestro punto de vista, no es aceptable subvencionar la precariedad.

Para el sindicato es incomprensible que la partida de gastos de personal del Servicio Público de Empleo Estatal permanezca congelada, en un país donde cerca de 3,2 millones de personas buscan trabajo desde hace más de un año y 2,3 desde hace más de dos.

A lo largo de la crisis, UGT ha reclamado un plan integral que atienda con especial atención a las personas en desempleo con mayores dificultades de inserción, y en este sentido, confiamos en el apoyo que pueda suponer el nuevo programa anunciado hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para atender a parados de larga duración, pactado en el ámbito del Diálogo Social, pero será indispensable realizar un esfuerzo presupuestario, dotando de un soporte financiero adicional al programa, con el objetivo de asegurar su pleno desarrollo.