Los datos del paro del mes de noviembre vuelven a constatar, un mes más, que la reforma laboral funciona, pues crece el empleo y su calidad.  Aun así, no hay que conformarse: se precisan políticas activas más eficaces para acabar con el paro de larga duración y salarios justos que garanticen el poder adquisitivo de las personas trabajadoras, máxime teniendo en cuenta el incremento de los precios y de los márgenes empresariales. De lo contrario, continuará el conflicto.

Los datos de paro registrado publicados por el Servicio Público de Empleo (SEPE) y los de afiliación a la Seguridad Social muestran un descenso del 33.512 personas desempleadas, en el mes de noviembre. Se trata de unos datos tan positivos como poco habituales, puesto que noviembre es un mes donde tradicionalmente hay un aumento del paro. Además, se registró un aumento de la afiliación en términos desestacionalizados de 78.695 personas. Esta mejora en la cantidad del empleo se produce a la vez que la reforma laboral muestra uno de sus efectos más importantes, la mejora en la calidad del empleo.

Esto se observa de nuevo en la proporción de la contratación indefinida sobre el total, que ha sido de un 43,2% en el mes de noviembre. La tasa de temporalidad entre las personas trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social es del 15,6%, 12,3 puntos porcentuales menor que en diciembre de 2021, cuando fue del 27,9%.  Estos datos son una muestra más de que la reforma laboral está funcionando, pese al elevado grado de incertidumbre que arroja la situación internacional provocada por el conflicto en Ucrania. 

Continúa, por tanto, la creación de empleo, a la vez que mejora su estabilidad, lo que constituye una muy buena noticia. Sin embargo, aún persiste una tasa de paro elevada y problemas de funcionamiento del mercado laboral que perjudican la integración de determinados grupos de población, por lo que es necesario implementar unas nuevas políticas activas de empleo que den solución a estas disfunciones, algo que la nueva Ley de Empleo no logra. 

Además, la calidad del empleo depende también de que su retribución sea adecuada. Y ahora, en nuestro país, no lo está siendo, puesto que los salarios están registrando una fuerte pérdida de poder adquisitivo a causa de la elevada inflación. Concretamente, el aumento medio del IPC en lo que va de año es del 8,8%, mientras que los salarios han aumentado apenas un 2,64% hasta octubre. Esto supone una pérdida de poder de compra de 5,7 puntos porcentuales. La inflación está lastrando la demanda de los hogares, algo que ya ha afectado en el tercer trimestre de 2022 al crecimiento económico y que perjudica a la recuperación tras la pandemia y la invasión rusa de Ucrania. 

El aumento del nivel general de los precios viene provocado por el incremento de los márgenes de beneficios que están realizando empresas. En este sentido, para exigir un cambio en la política salarial de las patronales y una mayor responsabilidad a la hora de gestionar los márgenes empresariales UGT y CCOO hemos impulsado intensas movilizaciones durante otoño y, de continuar la negativa a implementar incrementos salariales dignos, sólo quedará continuar con el conflicto. 

En definitiva, UGT reclama que haya un reparto de la riqueza más equitativo y que no sean las personas trabajadoras quienes paguen las consecuencias de una crisis económica de la que no son culpables, como ya ha sucedido en situaciones anteriores. 

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