Artículo de opinión de M. Carmen Barrera, Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y S. Social de UGT, en "Público"

Las noticias no son buenas. Tanto el FMI como el Banco de España prevén que la tasa de paro española, puesto que aún se deja a las empresas despedir, sobrepasará el veinte por ciento, mientras que los demás países no llegarán al diez, aunque la caída del PIB se plantea en todos en niveles similares. La protección a las personas desempleadas desprotegidas ha de ser ahora el objetivo más importante, pues cuanto más se extienda en cantidad y calidad la protección de la que dispongan, menor será la caída económica de nuestra sociedad y más rápidamente se podrá entrar en la recuperación.

Esto no puede quedar en una frase hecha de las tantas que se lanzan estos días a los medios. La necesidad de que la protección alcance a todas las personas desprotegidas de esta crisis, es, en este momento, una herramienta con una carga política de la máxima relevancia. Desde la óptica de las políticas sociales, marcaría la diferencia respecto de la respuesta política que se dio con la crisis de 2008, donde muchas personas fueron desprotegidas y abandonadas por las políticas públicas, dejándonos como herencia un incremento récord de la desigualdad en España, respecto del resto de países europeos. Desde la óptica económica, la extensión de la protección observa una importancia también radical, pues cuanto menor sea esta en un escenario de destrucción de empleo, más difícil, cara y larga será la recuperación.

En el caso español, se añade que nuestro sistema de protección en el momento de producirse esta pandemia ya era deficitario, a consecuencia de más de una década de recortes derivados de las políticas de austeridad del Partido Popular, que dejaban sin protección por desempleo a comienzos de marzo a casi el 40% de las personas desempleadas de este país. Lo que, evidentemente, ha condicionado en gran medida al Gobierno. Y, si bien hay que reconocer que el esfuerzo en protección desplegado en el llamado "escudo social" es el más grande realizado en nuestra historia (sitúa bajo el mismo, según datos ministeriales, aproximadamente al 30% de la población activa), es necesario insistir en la necesidad de realizar un esfuerzo mayor para que de forma efectiva no quede nadie atrás y, sobre todo, para asegurar que España no queda rezagada en la salida de esta crisis.

Una crisis que está siendo diferente a la anterior. Algunos países (quizás conscientes de la mala respuesta en términos sociales y económicos que se dio en la anterior y de sus consecuencias), están incrementando la protección con el objetivo estratégico de salir de la pandemia y de sus efectos sobre la economía sin tener que pagar una enorme factura social. En Dinamarca, el Estado cubre el 75% del sueldo de los trabajadores y las trabajadoras de las empresas privadas bajo el compromiso de que no haya despidos (hasta un máximo de 3.074 euros brutos mensuales), abonando la empresa el 25% restante. En Francia, se asimila el estatus de los trabajadores y las trabajadoras que tengan que cuidar hijos en edad escolar (debido al cierre de las escuelas) a la situación de baja por enfermedad. Por no hablar de la regularización generalizada de trabajadores y trabajadoras inmigrantes adoptada en Portugal, que de esta forma han podido acceder como cualquier otro ciudadano a las ayudas del gobierno portugués en materia de prestación por desempleo (al presentar ERTES las empresas donde trabajaban) o a la sanidad pública.

Estos ejemplos muestran la preocupación de los países vecinos por extender la protección al máximo y por ello deberíamos tener en cuenta que seguimos teniendo personas trabajadoras desprotegidas a las que el Gobierno debería proteger de inmediato. Se pueden identificar claramente cuatro grupos:

• En primer lugar, las personas desempleadas que están en hogares con todos sus miembros en paro y que no reciben prestación pública alguna. Según la EPA son medio millón de hogares. Pero se trata de una estimación mínima porque fuera de esta quedan los hogares en los que existen parados considerados inactivos para la EPA (que están desempleados, pero son desanimados o no buscan activamente, lo cual en esta situación va a ser frecuente) y también los que perciben algún tipo de prestación por escasa que sea. En suma, la cifra anterior podría elevarse a entre setecientos mil y un millón.
   
• En segundo lugar, las nuevas personas desempleadas sin derecho suficiente a prestaciones por desempleo. Como recordatorio, los agujeros de nuestro sistema de prestaciones por desempleo dejan a las personas trabajadoras que hayan trabajado menos de doce meses sin derecho a prestaciones contributivas, teniendo solo derecho a un subsidio asistencial. Pero este subsidio se pierde por debajo de seis meses trabajados si no se tienen responsabilidades familiares. También quedan sin ningún tipo de protección aquellos que hayan trabajado menos de tres meses, incluso teniendo responsabilidades familiares. Las personas afectadas por estas situaciones de desprotección son aquellas a las que se les han cancelado sus contratos temporales antes de las medidas del RDL 9/2020 y todas aquellas personas trabajadoras fijas despedidas que provienen de contratos de corta duración.
   
• En tercer lugar, hay que tener en cuenta un grupo de personas desempleadas que van a agotar las prestaciones por desempleo en las próximas semanas y meses, y que constituirán una nueva bolsa de desprotección a añadir a las anteriores. En una economía productiva como la española muy marcada por la estacionalidad (no solo en el sector servicios y en la agricultura, también se da en la construcción y en la industria) hay que tener presente que la mayor parte de las personas trabajadoras estacionales no son fijos discontinuos sino temporales eventuales (indebidamente). En los últimos tres años, la estacionalidad ha dado lugar (según la estadística de altas en la Seguridad Social) a entre 1,6 y 1,8 millones de contratos de trabajo que este año -en su inmensa mayoría- no se celebrarán. Contratos que irían destinados a personas que -mayoritariamente- consumen sus prestaciones por desempleo durante los meses de invierno. Aparte de esos casos, tengamos en cuenta que toda persona desempleada menor de 45 años que no tenga responsabilidades familiares, cuando finaliza la prestación contributiva no tiene derecho a ningún subsidio.
   
• Finalmente, en cuarto lugar, las personas trabajadoras ahora cubiertas por ERTES que podrían ser despedidas a la finalización de los mismos, ya que las garantías que se han establecido frente al despido no son suficientes (solo se ha encarecido durante la duración de la crisis al considerarse improcedente). Aunque desde UGT estamos insistiendo en que se mantengan los ERTES durante todo el proceso de desescalada, para que tras esta los trabajadores se puedan incorporar a las empresas, es posible que, si no se establecen otras garantías, las empresas opten por cerrar o despedir en lugar de realizar nuevos ERTES por causas objetivas.

Las políticas públicas de recuperación y reactivación de la actividad económica -una vez se controle la expansión de los contagios y se pueda recuperar, al menos parcialmente, la actividad productiva- no están más que en fase de discusión inicial, es por ello que todas estas situaciones deberían ser cubiertas con medidas extraordinarias, como lo han sido y lo están siendo en otros ámbitos. Es necesario que se implante de manera urgente y extraordinaria el reconocimiento del derecho a la protección por desempleo para todas aquellas personas que hayan perdido su puesto de trabajo, para las que no alcancen este derecho de acuerdo a la normativa actual o para las que vayan a perderlo por agotamiento de la prestación actual. El establecimiento de una Renta Mínima, como plantea el Gobierno, que podría cubrir (entre otras) tales situaciones, precisaría de un tiempo para su implantación que muchas personas desprotegidas ahora mismo no tienen.

► Accede al artículo en Público