La evolución negativa de los precios (la tasa anual se sitúa en el -0,6%) es un síntoma más de un crecimiento económico frágil y desequilibrado, que no llega a las familias y los trabajadores. De 2010 a 2014 éstos han perdido un 6,2% de su poder adquisitivo, siendo el 30% de los que menos ganan quienes han sufrido mayor devaluación salarial (el salario real del 10% de estos trabajadores ha caído un 23%, de 2009 a 2014). Frente a las políticas de austeridad, que han incrementado la pobreza y las desigualdades, UGT demanda políticas fiscales y sociales expansivas y un cambio en la política de rentas, incrementando el poder adquisitivo de los ciudadanos (los empleados públicos, los pensionistas  y los trabajadores del sector privado). En este sentido, el  sindicato demandará potentes incrementos salariales en 2017, así como un aumento del SMI hasta alcanzar los 800 euros en el primer año de la próxima legislatura.

Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC sigue en su senda negativa. A pesar de que la tasa anual aumentó dos décimas, hasta el -0,6%, la variación mensual de los precios ha caída un punto y dos décimas, desde el 0,5% de junio al -0,7%  en julio.

La inflación subyacente, que mide la variación general de precios descontando los alimentos no elaborados y los productos energéticos, aumenta una décima y se sitúa en el 0,7%, 1,3 puntos porcentuales por encima del IPC general.

Por su parte, en el mes de julio la tasa de variación anual del IPC Armonizado (IPCA) se sitúa en –0,7%. De este modo, el IPCA de España se sitúa casi un punto porcentual por debajo de la tasa media de la eurozona, que ha repuntado hasta el 0,2%, según el dato provisional.

Valoración

La inflación en España, sigue en negativo, tal y como ponen de manifiesto todos los indicadores de la evolución de los precios en nuestro país. Esto no es sino otro síntoma del inconsistente crecimiento de nuestra economía. Porque el PIB crece pero no llega a familias y trabajadores, dado que está basado en un modelo agotado en términos productivos e incompatible con el progreso social y la igualdad, que incluso pone en peligro la propia estabilidad macroeconómica, puesto que España sigue sin cumplir con sus objetivos de déficit.

Y España no cumple porque en lugar de centrarse en aumentar la recaudación y los ingresos públicos, las políticas del Gobierno del PP se han centrado en exclusiva en la austeridad y el recorte de gasto, dando lugar a un mayor debilitamiento de la estructura económica y una creciente desigualdad social, en consonancia con la degradación de las condiciones laborales impuestas por las reformas de 2010 y 2012. Esta situación, que se ceba en los trabajadores y trabajadoras con peores condiciones laborales y salariales, está lastrando la reactivación económica y empeorando la calidad de vida de las familias, según los datos  oficiales.

El 10% de trabajadores con menores retribuciones han visto cómo sus salarios reales han caído de 2009 a 2014 un 23%; para el segundo 10% que menos gana han caído un 15%; y para el tercero, casi el 10%. Este 30% de trabajadores y trabajadoras con menores salarios son los que han sufrido el mayor ajuste, contribuyendo a generar un incremento de las desigualdades. Además, desde 2010 y hasta 2014, el salario medio estimado por la Encuesta de Estructura Salarial aumentó un 0,3% en términos nominales, lo que se  traduce en una pérdida de poder adquisitivo del 6,2%.

Es decir, para lograr la sostenibilidad económica y social del crecimiento urgen políticas fiscales y sociales expansivas, para poder reconstruir el modelo social europeo, con una sociedad cohesionada, con igualdad de oportunidades y con derechos conseguidos mediante la negociación colectiva. Y estas políticas deben in acompañadas de nuevas políticas de distribución, en las que la negociación colectiva, que es donde se gesta la distribución primaria de la riqueza, tenga un papel fundamental.

Para UGT urge un cambio de la política de rentas para revitalizar la demanda interna (y con ella los precios), incrementando el poder adquisitivo de los empleados públicos y los pensionistas, restaurando plenamente el Pacto de Toledo, y garantizando ganancias de poder adquisitivo a los trabajadores en el sector privado. En este sentido, el sindicato demanda potentes incrementos salariales en las futuras negociaciones en 2017, así como un aumento del SMI hasta alcanzar 800 euros en el primer año de la próxima legislatura. Porque el impulso de los salarios es clave para recomponer las rentas en España y lograr que el crecimiento llegue a todos y así se afiance su sostenibilidad futura.