​El FMI vuelve a insistir en más impuestos, copagos y otra vuelta de tuerca a la reforma laboral. Más allá de los datos macroeconómicos, el FMI trata de ocultar que nuestra economía tiene una cara B, a consecuencia de las políticas de austeridad que se han impuesto y sobre las que ahora insiste. Unas políticas que se traducen en más pobreza, desigualdad y exclusión social, una elevada tasa de desempleo (sobre todo es preocupante el incremento del paro de larga duración), más precariedad, menores salarios, menos protección social y, en definitiva, menos derechos laborales y sociales. 

Frente a la mayor desregulación que propone el FMI, UGT considera que es necesaria una nueva política económica que impulse el empleo estable y con derechos, el crecimiento de los salarios, el fortalecimiento del sistema de protección social y fomente el necesario  cambio de nuestro modelo productivo. 

En este sentido, el sindicato considera que el III AENC contribuirá a crear un marco más propicio para consolidar una recuperación económica más rápida, duradera y justa. Una recuperación que llegue a todos y se base en la búsqueda de consensos, no de imposiciones. 

Ayer 8 de junio se conocieron las conclusiones preliminares formuladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre nuestro país. Estas conclusiones son el avance del informe final que está elaborando sobre España y que se conocerá dentro de unos días.

El FMI empieza señalando que la recuperación económica y la creación de empleo se han acelerado, pero el desempleo sigue siendo alto. El FMI aumenta sus previsiones de crecimiento del PIB del 3,1 por ciento en 2015 y del 2,5 por ciento en 2016, por encima del promedio de la Eurozona, debido a la solidez de las políticas económicas, la recuperación de la confianza, y la inversión empresarial y el dinamismo del consumo. 

Según el FMI, los vientos de cola externos (la caída del precio del petróleo, la depreciación del euro y la fuertemente expansiva política monetaria del Banco Central Europeo) está ayudando a la recuperación. Señala que cerca de medio millón de nuevos puestos de trabajo han sido creados desde mediados de 2014, pero advierte de que 5 millones de españoles, muchos de ellos jóvenes, siguen en paro.

Aun así, para el FMI existen vulnerabilidades y problemas estructurales profundos, por lo que serán necesarias más reformas para mantener un crecimiento elevado en el medio plazo, reformas que predice serán más efectivas cuando se aplican en un entorno económico favorable. 

El FMI advierte de que una reversión de las reformas pasadas generaría incertidumbre y podría frenar la recuperación, sobre todo si el entorno exterior se deteriora. Para el FMI, las prioridades de actuación en España son tres:

1. Aumentar el crecimiento a largo plazo y hacerlo más inclusivo, para lo que es necesario garantizar una mayor diferenciación de salarios entre empresas para reflejar mejor sus circunstancias específicas, mejorar la formación de los parados de larga duración y aumentar la productividad de las PYMES 

2. Continuar reduciendo la deuda privada

3. Una mayor consolidación fiscal sostenida y gradual 

Para crear empleo el FMI propone medidas adicionales entre las que se incluyen las siguientes:

• Establecer las condiciones laborales adecuadas mediante las posibilidades que ofrece la reforma de 2012 para flexibilizar salarios y horas trabajadas, y mantener el crecimiento de los salarios en línea con la productividad y la competitividad externa como elemento clave para la creación de empleo.
  
  
• Garantizar un ajuste salarial más diferenciado a nivel de empresa, para fomentar la reasignación de recursos hacia los sectores más productivos. Los obstáculos legales y regulatorios que aún persisten para la negociación a nivel de empresa y el descuelgue deberían eliminarse.
  
  
• Reducir la dualidad, introduciendo un contrato único con costes de despido en función de la antigüedad en sectores sin elevada  rotación estacional, reduciendo las incertidumbres legales y administrativas en los despidos colectivos y simplificando la aplicación de criterios objetivos para los despidos procedentes.
  
  
• Aumentar la eficacia de las políticas activas de empleo, supervisando y evaluando los  programas para mejorar la formación de los parados de larga duración.
  

Además, el FMI señala la necesidad de reducir los obstáculos al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs), mediante la promoción de la competencia a través de la aplicación de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, la disminución de las restricciones del impuesto de sociedades, apoyando la exportación gracias a la promoción de la internacionalización. Además es necesario desarrollar financiación no bancaria para las PYMEs. A su vez, las autoridades deberían continuar promoviendo que los bancos aumenten su capital de elevada calidad y procuren reducir los altos costos asociados a préstamos fallidos. 

Por último, el FMI señala que una sostenida consolidación fiscal permitirá mantener la confianza y reducir la vulnerabilidad frente a potenciales shocks adversos. España ha continuado reduciendo el déficit fiscal a medida que la economía se recupera, pero el nivel de deuda pública es muy elevado. Y para reducir más el déficit y garantizar una trayectoria decreciente de los niveles de deuda el FMI propone mejorar del marco fiscal autonómico, un incremento de los impuestos especiales y medioambientales, una gradual reducción de los tratamientos preferenciales del IVA, una reducción de costes en la provisión de servicios de sanidad y educación y el copago de estos servicios.

Valoración

El FMI ve esperanza económica donde no lo hay. Y de nuevo insiste en sus recetas, de sobra conocidas y criticadas, incluso desde sus propias filas. Su propuesta se resume en más impuestos, más copago y una vuelta de tuerca a la reforma laboral.

Y parece desconocer la “cara B” de nuestra economía. La que muestran los indicadores laborales y sociales, que ponen de manifiesto que la situación sigue siendo de crisis, y que convenientemente le presentó la delegación de UGT el pasado día 2 de junio en una reunión mantenida con la misión del FMI en Madrid.

El escenario es de una crisis que España sufre desde hace años y que está teniendo como resultado graves desigualdades en el mercado laboral, la incapacidad para generar empleo y frenar la sangría del desempleo, la devaluación salarial generalizada en nuestro país, con menores ingresos y salarios percibidos, la caída de la capacidad adquisitiva de los hogares españoles y el empeoramiento en la distribución de la renta, la extensión de la precarización laboral y del paro de larga duración. 

El incremento del empleo, que el propio FMI señala, incorpora rasgos de precariedad que parece olvidar incluso obviar, con consecuencias negativas en términos de calidad del empleo y salarios. Además, se extiende la precariedad también en el desempleo, que se refleja en un descenso continuado de los beneficiarios de prestaciones, de las cuantías medias, del gasto y, en última instancia, de la tasa de cobertura y en la extensión del paro de larga duración y de muy larga duración. 

Todo apunta a que la recuperación del empleo se está basando en un modelo productivo con un marcado carácter estacional que permite mejoras en etapas vacacionales y que se sustenta en actividades de escaso valor añadido, con bajos costes laborales, escasa inversión en tecnologías y formación, y en el que prima el trabajo precario, temporal y a tiempo parcial, y la devaluación salarial, que está hundiendo la calidad de vida de millones de familias e incrementado los niveles de pobreza.

Estos efectos son resultado de la una nefasta gestión de la crisis, con reformas laborales impuestas por el Gobierno, y por la rendición de este Gobierno a las políticas de austeridad impuestas por el Troika. El resultado agregado es un grave deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores y ciudadanos de nuestro país. Valga como muestra de la situación el dato del indicador agregado AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social se situó en 2014 en el 29,2% de la población residente en España, frente al 27,3% registrado el año anterior, es decir, un 7% más que en 2013. Y en relación con la actividad, el 60,3% de los trabajadores desempleados  estaba en riesgo de pobreza.

En este escenario, la supuesta reactivación de la economía que apuntan algunos indicadores macroeconómicos a lo que se aferra el FMI no parece haberse trasladado a los hogares españoles, por lo que resulta imposible afirmar que España ha salido de la crisis. Y en este escenario social, urge que los salarios ganen poder de compra, lo que precisa de un sistema de políticas de empleo eficiente, que potencien y reformulen las políticas activas de empleo y que refuercen las prestaciones por desempleo para aumentar su grado de protección contributivo y asistencial, actualmente en caída libre. 

Y aprobar un “plan de empleo de choque”, que implique también a las autoridades comunitarias, con recursos excepcionales para impulsar la contratación laboral y el empleo, especialmente de los colectivos en peores condiciones (parados de larga, jóvenes, trabajadores sin formación). Y todo ello en el marco de un nuevo modelo productivo más eficiente y sostenible, sin el cual no habrá una salida real de la crisis. 

Esto exige profundas y continúas transformaciones en ámbitos cruciales de la actividad económica y laboral, orientadas a potenciar un cambio de modelo productivo en nuestro país. Pero no las del contrato único y la mayor rebaja salarial. Porque sin una reactivación de la demanda de las familias no es posible salir de la crisis. Por eso también es imprescindible que los salarios aumenten en términos reales en este momento.

La mejora salarial es garantía de más crecimiento, más empleo y más justicia en el reparto de la tarta del crecimiento y la riqueza nacional, de la que cada vez se llevan más parte los excedentes de las empresas y las rentas de los propietarios. 

Y una de las claves para lograrlo está en la negociación colectiva, que ha demostrado su histórica contribución a la consecución de los retos económicos y sociales de nuestro país durante los últimos años, evitando una salida de la crisis con mayor desigualdad y un aumento de los niveles de exclusión social y de pobreza

En este sentido, el III Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) contribuye a crear el marco más propicio para consolidar una recuperación económica más rápida, duradera y justa. Este acuerdo reafirma la existencia de una nueva etapa en el ciclo económico, pero que posee riesgos debido a los desequilibrios que mantiene nuestra economía, y que en consecuencia debe ser apuntalada con una política que impulse la demanda interna y la creación de empleo, ayudando también de esta manera en el necesario proceso de consolidación de las cuentas públicas. 

En el marco definido por el Acuerdo no tienen cabida las políticas de recorte de gasto ni en sanidad ni en educación como promulga el FMI. Además, la etapa de devaluación salarial se ha terminado, y se abre otra en la que los trabajadores deben ganar poder de compra. 

Frente a la propuesta del FMI del copago y al debilitación de los servicios públicos esenciales, para UGT es imprescindible que aumentar las capacidades de actuación públicas, reformando la fiscalidad con actuaciones de ingreso y gasto público que influyan decisivamente sobre el modelo económico y de sociedad del país, y son una herramienta esencial para lograr una redistribución justa y equitativa de la renta, y del bienestar en nuestro país. Solo así la crisis podrá vislumbrar su final.