Los datos del paro registrado y afiliación a la Seguridad Social del mes de febrero registran un aumento del empleo y una leve subida del desempleo, que no obstante en términos desestacionalizados se traduce en la continuación de su tendencia descendente. Son, por tanto, datos coherentes con el comportamiento habitual del mercado laboral en este mes, y que pueden considerarse favorables.

La afiliación a la Seguridad Social crece este mes en 97.004 personas respecto a enero, un 0,5%, alcanzando 21.670.636 personas afiliadas totales, el mejor dato de la serie histórica para un mes de febrero. Además, descontando la estacionalidad propia del mes, la afiliación crece un 0,2% (+ 45.220 personas), lo que confirma una dinámica de aumento del empleo que no depende del momento del año. Con respecto a hace un año, hay 474.482 personas ocupadas más, lo que sitúa la tasa de creación de empleo en el 2,2%, una décima por debajo del dato de febrero de 2025, aunque manteniendo todavía un ritmo robusto, que evidencia la fortaleza de la demanda de trabajo y la capacidad para generar empleo de nuestra economía. 

En cuanto al desempleo, los datos de paro registrado recogen una subida de 3.584 personas, un 0,1% más respecto al mes anterior. Sin embargo, teniendo en cuenta la estacionalidad propia de febrero registran un descenso del paro de 3.718 personas. En total hay 2.442.646 personas en situación de desempleo. Se trata de la cifra más baja para un mes de febrero desde 2008 y un 5,8% menor que hace un año, un ritmo de descenso del desempleo que sigue siendo muy notable, a pesar de la gran reducción experimentada en los últimos años. 

Por su parte, durante este mes se han registrado un total de 1.118.996 contratos, de los cuales 494.001 son indefinidos, representando un 44,1% del total. Este porcentaje supone un incremento de 33,2 puntos respecto a febrero de 2021, antes de la entrada en vigor de la reforma laboral. La modalidad indefinida a tiempo completo, la más estable, alcanza 229.651 contratos, aumentando su proporción hasta el 20,5% del total, prácticamente tres veces superior al 6,5 % registrado antes de la reforma. 
De este modo, la sólida evolución de la economía española continúa favoreciendo la generación de empleo, más allá del comportamiento puntual del mes de febrero. Además, el empleo presenta mayor estabilidad y calidad gracias a las modificaciones introducidas por la última reforma laboral, que ha permitido que haya más de 4,7 millones de personas trabajadoras más con contrato indefinido desde febrero de 2021, lo que ha supuesto un cambio de patrón en la dinámica de creación de empleo. 

Los datos de empleo de febrero —con la afiliación en máximos históricos, el paro en su nivel más bajo para este mes desde 2008 y casi un 45% de contratación indefinida— solo pueden entenderse a la luz de las reformas laborales acordadas, en particular el RDL 32/2021, que ha contribuido a reducir la temporalidad a un inédito 11,5%, más de 15 puntos menos que antes de su aprobación. Esta transformación estructural, basada en reforzar la estabilidad, recuperar la ultraactividad y devolver centralidad al convenio sectorial, contrasta con las recetas caducadas que ya fracasaron en España con la reforma de 2012 de Rajoy—abaratamiento del despido, debilitamiento de la negociación colectiva y devaluación salarial— y que hoy se replican en Argentina bajo el discurso de la “modernización” de Milei. Allí, como aquí en 2012, se insiste en fragmentar la negociación, restringir la huelga y abaratar el despido, a costa de derechos básicos y sin generar un tejido productivo más sólido. España demuestra que el empleo de calidad no nace de la desregulación, sino del diálogo social y de un marco laboral que incentive la estabilidad y proteja el contrato de trabajo. Los datos de mejora del mercado laboral sostenidos desde 2021 son la mejor prueba de que las políticas progresistas y pactadas funcionan, mientras que los experimentos regresivos solo reproducen precariedad y deterioro social.

En consecuencia, el mercado laboral continúa mostrando fortaleza, con un récord histórico de afiliación que alcanza los 21,67 millones de personas trabajadoras. Sin embargo, esta evolución positiva convive con fragilidades estructurales persistentes, especialmente en sectores con elevada estacionalidad y en las dificultades de acceso y estabilidad laboral que siguen afectando a la juventud. El reciente aumento del paro, aunque moderado y compatible con la tendencia desestacionalizada de descenso, resulta significativo por su composición y debe interpretarse como una señal de alerta que exige reforzar las políticas activas de empleo. A ello se suma un factor externo de gran relevancia: la invasión de Irán, que introduce un elemento de incertidumbre económica internacional susceptible de impactar en el empleo en los próximos meses a través del encarecimiento del petróleo, presiones inflacionistas importadas y una eventual desaceleración del crecimiento. Desde la perspectiva de los agentes sociales, este contexto obliga a redoblar esfuerzos para defender el poder adquisitivo en la negociación colectiva, reforzar la formación y la inserción laboral juvenil y reclamar medidas públicas anticrisis que protejan a las personas trabajadoras y a los sectores más vulnerables.

A pesar de estos avances, persisten retos importantes en el mercado de trabajo

En primer lugar, persiste un margen importante para reducir el desempleo de larga duración, que afecta a las personas que llevan un año o más en desempleo y que dificulta su reinserción al mercado laboral. Esta problemática se extiende a casi 4 de cada 10 personas desempleadas. Por ello, se deben fortalecer las políticas activas de empleo mediante servicios públicos con orientación personalizada, programas mejor diseñados y un sistema de evaluación claro. Dotar de recursos adecuados a los servicios públicos de empleo es clave para lograrlo.

Por otro lado, la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario sigue siendo un reto urgente ante los cambios tecnológicos y sociales. UGT impulsará la implantación de las 37,5 horas semanales para aumentar la productividad y mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras.

Por último, los resultados positivos de la economía y los beneficios empresariales deben traducirse igualmente en mejoras para la población trabajadora. En este contexto, UGT celebra la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 1.221 euros en 14 pagas, una medida clave para garantizar que las personas trabajadoras con menores ingresos se beneficien de los frutos de la expansión económica. Además, resulta imprescindible que se apruebe a la mayor brevedad el Real Decreto de transposición de la Directiva (UE) 2022/2041, relativa a unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea, con el fin de ordenar de manera clara y definitiva las reglas sobre compensación y absorción. Esta norma debe establecer, sin ambigüedades, la exclusión de aquellos complementos salariales vinculados a la propia naturaleza de la actividad desarrollada, a las condiciones personales del trabajador o trabajadora, a los incentivos ligados a su desempeño, así como de todos aquellos previstos y regulados por la negociación colectiva.

Solo de este modo se garantizará que las futuras subidas del SMI tengan un reflejo real y efectivo en las nóminas, evitando que puedan ser neutralizadas mediante la minoración de complementos salariales. Se trata, en definitiva, de asegurar que las personas trabajadoras con menores ingresos perciban íntegramente la mejora acordada y que el salario mínimo cumpla su función de auténtico suelo de dignidad salarial

Más allá de la necesaria actualización del SMI, resulta igualmente prioritario promover incrementos salariales de carácter generalizado, con especial atención a los tramos medios, que llevan años mostrando un preocupante estancamiento. En este sentido, UGT ha planteado, en el marco del VI AENC, una propuesta de incrementos salariales del 4% anual para 2026, 2027 y 2028.
Asimismo, se propone incorporar complementos adicionales para aquellos salarios situados por debajo de la media estatal, con aumentos adicionales de entre el 1% y el 3%, en función de que los salarios medios de los convenios colectivos presenten una brecha del 10%, 20% o 30% respecto al salario medio del país. Todo ello debe ir acompañado de cláusulas de revisión salarial que permitan ajustar las retribuciones ante eventuales desviaciones del IPC, garantizando así el mantenimiento del poder adquisitivo de las personas trabajadoras.

En definitiva, los avances en la creación de empleo muestran que la economía española sigue creciendo y generando bienestar para el conjunto de la población. No obstante, es imprescindible seguir reforzando las políticas activas, elevar los salarios y aplicar de una vez la reducción de la jornada, entre otras medidas, para seguir avanzando para configurar un mercado laboral más productivo, sostenible y justo.

Comunicado completo