​La ciudadanía está participando ampliamente en todos los rincones de España en la demanda de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la implementación de una prestación de ingresos mínimos para las personas de especial necesidad, desde que se iniciara el proceso de recogida de firmas el pasado 21 de septiembre por parte de los Secretarios Generales de UGT y CCOO.

En todo el país, los ciudadanos están dejando constancia de su apoyo a una prestación que es vital y urgente para paliar las gravísimas secuelas que ha traído consigo la recesión en materia de desigualdades, salarios y protección social.

Una prestación que afectaría a más de dos millones de personas, que debe estar vinculada a la Seguridad Social, financiarse vía Presupuestos Generales del Estado (PGE) y tener una cuantía de 426 euros, a aumentar en función del número de componentes de la unidad familiar. Además, para su financiación, se necesitaría el 1% del PIB español, un total de 11.000 millones de euros.

La situación de desempleo es, cualitativamente, muy mala en nuestro país, ya que el que se genera es temporal y precario, y en 2016 no hay visos de que la situación cambie, más aún tras los PGE aprobados ya por el Parlamento, que no corrigen, ni de lejos, la brutal hemorragia que ha provocado los cuatro presupuestos anteriores. 

Por ello, es necesario que la mayoría de la población apoye la implantación de esta prestación, que sería la alternativa para paliar el número de hogares en riesgo de pobreza y para detener las desigualdades existentes que se pueden traspasar a futuras generaciones.