​La Unión General de Trabajadores considera que el pasado Consejo de Europa, que se celebró el 18 y 19 de febrero, dibujó el tipo de Unión que quieren tanto las autoridades europeas como los Estados miembros. Para el sindicato, las medidas que se han adoptado suponen la pérdida de valores y principios fundamentales de la Unión, consolidándose como un territorio hostil para las personas con menos recursos, para la clase trabajadora y para migrantes y solicitantes de protección internacional.

En el marco de la propuesta para evitar la salida del Reino Unido de la Unión, se incluyen aspectos que implicarán la reforma de varias normas que garantizan la igualdad entre trabajadores europeos y que, por lo tanto, podrán ser aplicadas, no solo por el Reino Unido, sino por cualquier Estado miembro.

Desde una propuesta difícilmente conciliable con el derecho a vivir en familia y la igualdad entre ciudadanos comunitarios,  que no permitirá la libre circulación de los nacionales de terceros países casados con un ciudadano comunitario, a no ser que antes del matrimonio residieran legalmente en un país comunitario, hasta un paquete de propuestas que van en contra de la libertad de circulación de trabajadores y trabajadoras, como es que la cuantía de las prestaciones por hijos a cargo, cuando el trabajador está empleado en un Estado miembro y sus hijos residen en otro, pueda ser adaptada por el estado de empleo al nivel de vida del país de residencia de los hijos y a la cuantía de estas ayudas en el país de origen. Y la otra medida, establecer un mecanismo excepcional, en el caso de que una gran afluencia de trabajadores comunitarios hacia un Estado miembro afecte a su sistema de Seguridad Social, o que implique una presión excesiva en su mercado de trabajo o en los servicios públicos.

En este sentido, este mecanismo requiere que la Comisión Europea estudie la situación del Estado miembro y proponga al Consejo que le autorice a limitar para los nuevos trabajadores comunitarios el acceso a prestaciones de carácter no contributivo, ligadas al hecho de tener un empleo de baja remuneración o por el hecho de estar empleado y, además, reunir determinadas circunstancias personales, como ser una persona con discapacidad, familias monoparentales o personas mayores de 60 años. En este caso, los migrantes comunitarios no podrían acceder a estas prestaciones hasta que lleven cuatro años trabajando en el Estado miembro de empleo. Para acelerar las cosas con el Reino Unido, el Consejo ya ha establecido que dicha nación ha justificado que reúne las condiciones para aplicar este mecanismo excepcional.

Por lo tanto, UGT considera que esta medida supone un ataque directo a la libertad de circulación de trabajadores y trabajadoras; no puede haber libre circulación si no hay igualdad en materia de prestaciones, y este recorte incide precisamente en los trabajadores con menos ingresos, con trabajos más precarios o con una situación personal o social que les coloca en desventaja. Conviene recordar que no se va a aplicar solo al Reino Unido, sino que la propuesta es reformar varias normas europeas, lo que permitiría que cualquier Estado miembro hiciera lo mismo en el futuro.

Y en materia de migración, en este Consejo se ha confirmado que los países comunitarios van a seguir mirando la crisis humanitaria en el territorio de la Unión, y las muertes en el Mediterráneo con indiferencia, dejando pasar el tiempo, y dando prioridad a aquellas medidas destinadas a proteger las fronteras exteriores e incentivar los acuerdos con terceros países, con el fin de dificultar la llegada de posibles solicitantes de protección internacional y de migrantes al territorio de la Unión.