​La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mª Carmen Barrera, ha afirmado que “el Sistema Público de Pensiones es patrimonio de todos, debe quedar al margen de la lucha política y sus reformas han de ser adoptadas por acuerdo de la mayoría de las  fuerzas políticas y sociales”. Por tanto, no se entiende qué quiere decir el Gobierno del PP cuando dice que “no va a dar marcha atrás en su reforma de pensiones” de 2013, una reforma impuesta unilateralmente y que quebrantó el consenso alcanzado en el Pacto de Toledo y el Acuerdo alcanzado en el marco del diálogo social. 

En este sentido, ha manifestado que la reforma unilateral de pensiones del PP tiene que ser ahora  “reconsiderada y sustituida por otra que obtenga el respaldo de la mayoría de las fuerzas políticas y sociales”. Barrera ha hecho estas declaraciones antes de participar en la reunión que ha mantenido  UGT con el grupo parlamentario socialista para constatar un compromiso “Por la recuperación de unas pensiones públicas suficientes y la constitución de una completa financiación para la Seguridad Social”.

En esta reunión  ambas organizaciones reafirman su compromiso por unas pensiones públicas suficientes, que garanticen niveles de vida adecuados a los pensionistas, presentes y futuros, y sostenidas con los recursos que sean necesarios. Se comprometen también a defender el robustecimiento financiero de la Seguridad Social, que permita superar cualquier déficit de la misma.

Ambas organizaciones que tienen un elevado grado de coincidencia en relación con los problemas en esta materia también coinciden en elementos esenciales para solucionarlos. En este sentido, consideran que se debe asegurar el poder adquisitivo de las pensiones. Para ello, en  2017 las pensiones deben revalorizarse de acuerdo con el IPC previsto y revisarse a finales de año con arreglo a la inflación finalmente registrada para garantizar así su poder de compra, tal y como se establece en la Proposición de Ley que, por iniciativa de UGT y CCOO, presentó el PSOE junto con otros grupos parlamentarios que suponen la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.

Coinciden también en que el desequilibrio en las cuentas de las Seguridad Social tiene su causa y origen en la insuficiencia de los ingresos y no en la  evolución del gasto que se ha mantenido en niveles muy moderados a lo largo de los últimos años.

Esta caída de ingresos, registrada en la pasada legislatura, ha sido causada, en gran parte, por  la destrucción de empleo, la devaluación salarial y por la mala calidad del empleo creado. Además las previsiones a medio y largo plazo determinan que ni siquiera un elevado crecimiento del empleo será suficiente para cerrar la brecha entre ambas magnitudes y superar por medio de las cotizaciones el desequilibrio financiero de la Seguridad Social.
Tanto UGT como el PSOE consideran “inaceptable” la idea del Gobierno de que la Seguridad Social deba quedar en déficit tras la finalización del presente proceso de diálogo social y revisión del Pacto de Toledo.

Defienden la creación de una nueva fuente de financiación de origen tributario que debe complementarse con otras medidas que mejoren el equilibrio financiero del Sistema de Seguridad Social (entre otras, la eliminación de topes máximos en la cotización, la reducción drástica de los estímulos a la creación de empleo, actualmente financiados con cotizaciones sociales, o la asunción por el Estado de los gastos de funcionamiento del Sistema ahora soportados por los ingresos procedentes de las cotizaciones)

Asimismo, resaltan la necesidad de modificar y corregir radicalmente, la reforma unilateral que impuso el Gobierno del PP en 2013, porque supone un fortísimo recorte de las pensiones públicas presentes y futuras. En este sentido, piden que el Índice de Revalorización de las Pensiones sea suprimido y el Factor de sostenibilidad que plantea esta reforma se derogue y sea sustituido por un factor diseñado bajo los criterios establecidos en el Acuerdo Social y Económico de febrero 2011.

Por último, tanto la Unión General de Trabajadores como el Partido Socialista Obrero Español defenderán que se refuercen las garantías jurídico-políticas del Pacto de Toledo, para que futuras reformas del sistema de pensiones se realicen cumpliendo con los procedimientos del mismo.

Todas estas cuestiones son “ineludibles para asegurar el nivel de vida de los pensionistas, para recuperar un sistema de pensiones dignas, suficientes y sostenibles, y para garantizar el equilibrio presente y futuro de la Seguridad Social.  Lo cual implica la necesidad de persistir en la defensa de las mismas tanto en el proceso de diálogo social como en el de renovación parlamentaria del Pacto de Toledo”.