La secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Esther Lynch, junto a los secretarios generales de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, y de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, se han reunido hoy en Madrid con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Durante el encuentro, los líderes sindicales han expresado una profunda preocupación por los recientes desarrollos políticos y su impacto en la protección de los derechos laborales y el bienestar de los trabajadores europeos, preocupación compartida por la ministra Díaz.

Uno de los puntos más alarmantes para las organizaciones sindicales ha sido la eliminación del término “empleo” de la cartera de la comisaria europea que estará encargada de asuntos laborales. La CES y los sindicatos españoles consideran que esta decisión implica una reducción del compromiso institucional con el empleo y los derechos de las y los trabajadores. Tanto la CES como UGT y CCOO ya han solicitado que el término se restablezca, un asunto sobre el que también Díaz comparte ese punto de vista y sobre el que ha dicho que su gobierno también está trabajando. Ambas partes se han comprometido a colaborar en esta reivindicación, así como que las limitaciones que en algunas cartas de misión y la amenaza de veto de temas cruciales por parte de ciertos sectores conservadores no supongan un riesgo para el avance de derechos en la Unión Europea ni comprometan objetivos esenciales para la clase trabajadora, un asunto en el que gobierno y sindicatos trabajarán con firmeza en el seno de las instituciones europeas.

Durante la reunión, también se trataron temas legislativos pendientes de gran relevancia, como la iniciativa legislativa sobre prácticas no remuneradas, el derecho a la desconexión y la creciente vulnerabilidad en el entorno laboral. Las reformas se enfrentan a obstáculos importantes, como la oposición del Gobierno de Hungría y de ciertos miembros conservadores del Consejo Europeo, a lo que hay que sumar el sesgo más conservador del recientemente elegido Parlamento Europeo. A pesar de estos desafíos, tanto los representantes sindicales como el Gobierno español han reafirmado su compromiso de trabajar conjuntamente para superar estas dificultades y proteger los derechos de los trabajadores.

El asunto más preocupante discutido ha sido la iniciativa del Partido Popular Español, apoyada por el Partido Popular Europeo, para vetar el nombramiento de Teresa Ribera como nueva vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, aprovechando los efectos de la DANA que asoló una parte de nuestro país, especialmente la provincia de Valencia. Para los sindicatos españoles es indignarte que se utilice una catástrofe humanitaria como esta (más de 200 personas muertas, y miles de personas, empleos y empresas afectadas de forma grave) para tratar de diluir la nefasta gestión de la Comunidad Valenciana, provocando un altercado institucional en la Unión Europea sin precedente.

Los sindicatos españoles han trasladado a la secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos su lectura de los hechos que provocaron que un retraso de varias horas para alertar del riesgo a la población se haya traducido en un enorme número de personas muertas. Los responsables políticos de esta negligencia son los mismos que niegan las consecuencias de la emergencia climática, han recortado recursos en las Agencias para el Cambio Climático, o entregaron la gestión de las políticas de emergencia a la población civil a la extrema derecha negacionista. Causa perplejidad que ahora se trate de embarrar también el proceso de elección de quienes compondrán la próxima Comisión Europea en una estrategia del calamar según la cual, si todo el mundo es culpable, nadie es culpable.

Se destaca el riesgo que esta estrategia supone para poner a trabajar a la Comisión y para la capacidad de responder a las demandas de las y los ciudadanos y trabajadores europeos. Tanto los sindicatos como el Gobierno español han reafirmado su alianza de luchar contra este intento de bloqueo y de preservar la estabilidad institucional de la Unión Europea que garantice la gobernanza, más en un momento clave para el futuro de la UE tras la victoria electoral de Trump en Estados Unidos.

El encuentro ha finalizado con una declaración conjunta de compromiso y acción para defender los derechos laborales y asegurar que las políticas europeas continúen avanzando en beneficio de la ciudadanía. Las partes implicadas han hecho un llamamiento a la solidaridad y al esfuerzo colectivo para enfrentar las crecientes amenazas a la cohesión social y democrática de Europa.
 

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