El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes que, si llega a gobernar España, aprobará una ley nacional del “concebido no nacido” inspirada en la norma que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sacó adelante la semana pasada en la Asamblea de Madrid con los votos de PP y Vox, y que reconoce al embrión como miembro de la unidad familiar desde el momento de la concepción, a efectos de ayudas y beneficios fiscales. 
Mientras miles de familias trabajadoras, monoparentales, monomarentales y con rentas bajas siguen esperando más apoyo, el PP prioriza ampliar el acceso al título de familia numerosa antes incluso del nacimiento, otorgando una serie de beneficios desde la semana 14 de gestación. Esta medida podría desviar ayudas y beneficios en lugar de reforzar las políticas de apoyo a las familias que más lo necesitan y garantizar una protección social suficiente para todas.
Es decir, no estamos ante una medida orientada a reforzar las políticas públicas de apoyo a las familias, sino ante una iniciativa con un claro componente ideológico. Bajo la apariencia de ampliar derechos o prestaciones, se pretende introducir un concepto jurídico históricamente vinculado a las posiciones antiabortistas, con el consiguiente riesgo de cuestionar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Ante este anuncio, UGT y CCOO manifestamos nuestro rechazo frontal a una iniciativa que consideramos un paso más de la agenda antiabortista que la derecha y la ultraderecha vienen desplegando allí donde gobiernan, y que Feijóo pretende trasladar al conjunto del Estado si llega al Gobierno. Equiparar al embrión con un miembro de la unidad familiar desde la concepción no es una medida neutra de apoyo a la maternidad: abre la puerta a marcos jurídicos que cuestionan la autonomía de las mujeres sobre su propio cuerpo y que replican estrategias ya utilizadas en otros países para erosionar, por la vía administrativa y fiscal, un derecho conquistado tras décadas de lucha feminista.
El derecho al aborto en España es el resultado de más de cuatro décadas de movilización sindical y feminista: desde la despenalización parcial de 1985 hasta la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva, y su posterior ampliación mediante la Ley Orgánica 1/2023, que reconoce la capacidad de decisión de las mujeres de 16 y 17 años y consagra la educación sexual y la salud menstrual como derechos. Frente a este marco legal, la respuesta del PP y Vox en las comunidades que gobiernan ha sido sembrar de trabas burocráticas, objeción de conciencia y derivación a la sanidad privada el ejercicio de este derecho, dando lugar a una desigualdad territorial que hoy hace que, mientras algunas comunidades autónomas superan el 75% de las intervenciones en la red pública, otras no lleguen ni al 10%.
Por ello, UGT y CCOO reclamamos a Feijóo que rectifique y retire este anuncio. Asimismo, exigimos a todas las administraciones el cumplimiento efectivo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, garantizando el acceso universal, gratuito y en condiciones de igualdad a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública en todo el territorio, sin distinción según el color político del Gobierno autonómico.
Los derechos de las mujeres no son moneda de cambio electoral ni terreno de negociación con la ultraderecha. Frente a cualquier intento de retroceso, UGT y CCOO reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del derecho al aborto libre, seguro y gratuito, y continuaremos movilizándonos, junto con el movimiento feminista, para blindar este derecho frente a cualquier recorte, veto o injerencia ideológica sobre las decisiones de las mujeres sobre su cuerpo y su vida.