UGT y CCOO coinciden con Izquierda Unida (IU) –Unidad Popular en que unas nuevas elecciones generales es el panorama político menos deseable y le trasladan sus reivindicaciones sociales, económicas y laborales, en un encuentro celebrado esta tarde entre la formación política y los sindicatos para analizar la situación política actual y las propuestas de la formación política y los sindicatos.

Los dirigentes sindicales (representados en el caso de UGT por la secretaria confederal de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Socialde UGT, Mari Carmen Barrera, y el secretario confederal de Acción Sindical de UGT, Gonzalo Pino) expusieron a los representantes de IU–Unidad Popular, encabezados por Alberto Garzón, sus principales demandas, entre las que destacan un cambio en la política económica, acompañada de una reforma fiscal más justa y equilibrada, su oposición a una nueva ola de recortes impuesta desde la Unión Europea –estimada en unos 10.000 millones de euros- y que flexibilice los plazos del déficit.

Otros de los "puntos mínimos" que a juicio de los sindicatos debería contemplar cualquier acuerdo de gobierno de progreso es la recuperación del diálogo social, junto con una derogación de las últimas reformas laborales -junto a la reposición de los derechos de los trabajadores y trabajadoras-, de negociación colectiva y de Administración Local.

UGT y CCOO también plantearon medidas sociales para luchar contra la pobreza y la desigualdad, como aumentar el Salario Mínimo hasta los 800 euros el primer año, poner en marcha una prestación de ingresos mínimos, revertirla reforma de las pensiones y reformar las prestaciones por desempleo, y poner en marcha además un plan de choque contra el paro. Igualmente, trasladaron la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, el Pacto de Toledo y el gasto público en materia social, además de reforzar las redes de protección social. En este punto, Mari Carmen Barrera recordó el fracaso del Programa de Activación para el Empleo por la pasividad del Gobierno,dado que sólo ha beneficiado en 2015 a 100.000 personas frene a los 400.000 los potenciales beneficiarios, y de la dotación de 850 millones de euros presupuestados para el año pasado solo se han ejecutado menos del 19% (160 millones de euros).

Los sindicatos reclamaron la defensa de las libertades mediante la derogación de la Ley Mordaza y del artículo 315.3 del Código Penal que prevé penas de cárcel para los piquetes y por el que siguen encausados cerca de 300 sindicalistas.

"Para paliar estos cuatro años de gobierno del PP tan terribles para los trabajadores son necesarias unas reformas que deshagan lo que ha hecho el PP y también acompañarlas de un énfasis importante en las políticas sociales, que el PP ha conseguido que prácticamente desaparezcan", hizo hincapié Barrera, que criticó que se hayan desmantelado las PolíticasActivas de Empleo cuando "más hacen falta" y que se hayan "dejado de gastar" casi 1.000 millones de euros que estaban presupuestados en prestaciones por desempleo por falta de campañas informativas a los posibles beneficiarios.

Gonzalo Pino recordó que, a pesar de la falta de acuerdo para formar gobierno y de la ausencia de normalidad parlamentaria, hay una mayoría de izquierdas en el Parlamento que pueden llevar a efecto estas políticas sociales, económicas y laborales, comenzando por la derogación de las citadas reformas laborales, cuestión con la que todas ellas se habían comprometido en sus programas electorales.