UGT y CCOO denuncian la mayor desprotección y pobreza de las personas mayores
Fecha: 01 Oct 2015
Los pensionistas y jubilados de UGT y CCOO, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, han entregado en el Congreso un manifiesto en el que solicitan una reorientación de la política económica y social del Gobierno, pues estas políticas han causado mayor desprotección social y empobrecimiento a las personas mayores.
Por parte de UGT han asistido el Secretario de Organización, José Javier Cubillo, la Responsable Confederal de Servicios Sociales, Gema Ramón, el Secretario de Política Social de la Unión de Jubilados y Pensionistas, Dimas del Mazo y el Secretario de Administración de la Unión, Juan Manuel García Méndez-Villamil.
Cubillo ha destacado que "el Gobierno del PP se ha distinguido en estos 4 años por un vaciamiento sistemático de los fondos que sostienen el sistema público de protección social, algo que está ocasionando mucha incertidumbre en el colectivo de jubilados y pensionistas".
En este sentido ha afirmado que es "imprescindible parar esta sangría" para evitar que el sistema se vaya al traste y establecer cambios de cara al futuro que posibiliten la recuperación y la estabilidad de esos fondos, que se crearon en su día por consenso. Ha resaltado la necesidad de que se garantice la suficiencia de ingresos para el mantenimiento del sistema público.
Por su parte, Del Mazo, ha señalado que este manifiesto que se hace llegar a los grupos parlamentarios es "un reconocimiento a los millones de pensionistas de este país que cobran 420 euros y todos aquellos que están por debajo del umbral de la pobreza, estamos hablando de cerca de un millón de personas, muchos de los cuales están sosteniendo a sus familias.
En el manifiesto el colectivo de mayores de ambos sindicatos pide que se rectifique la actual fórmula de revalorización de las pensiones y se recupere lo establecido en la ley 27/2011, negociada con los sindicatos, para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.
En este sentido, denuncian que en la actualidad más de 4 millones de pensionistas están por debajo el umbral de la pobreza, tres de los cuales cobran menos de 420 euros. Además, las pensiones suponen la principal fuente de ingresos de más del 30% de los hogares, a pesar de que más del 50% de las pensiones tienen una cuantía inferior al SMI.
Alertan también sobre la situación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, pues si se siguen gastando 12.000 millones anuales solo para afrontar las pagas extraordinarias, se llegará al fin del mismo en el año 2018. En este sentido, piden actuar sobre los ingresos del Sistema de Pensiones, para que se destinen los recursos suficientes, al igual que los que ya dedican los países de nuestro entorno, alrededor de un 13,5% del PIB, frente a poco más del 10% en nuestro país.
Ambos sindicatos, que denuncian los graves recortes sufridos en el sector sanitario y la paralización y limitación de la ley de Dependencia, tras las reformas unilaterales del Ejecutivo del Partido Popular, reclaman un IVA superreducido para todos los bienes y servicios vinculados a la alimentación y a la energía (gas, calefacción y electricidad).
Esto supondría una ayuda a las familias por un importe de 4.000 millones. Proponen además un bono social para hacer frente a la pobreza energética y evitar los cortes de suministro. Con ello, se conseguiría evitar unos 7.000 fallecimientos anuales de pensionistas por patologías derivadas de no tener sus casas en unas condiciones dignas de habitabilidad.
Por último, recuerdan que la crisis ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar el actual sistema de protección social, y en este sentido piden que se establezca una Prestación de Ingresos Mínimos para las personas que, con disponibilidad para trabajar, carecen de empleo y de unos recursos económicos mínimos.
Por parte de UGT han asistido el Secretario de Organización, José Javier Cubillo, la Responsable Confederal de Servicios Sociales, Gema Ramón, el Secretario de Política Social de la Unión de Jubilados y Pensionistas, Dimas del Mazo y el Secretario de Administración de la Unión, Juan Manuel García Méndez-Villamil.
Cubillo ha destacado que "el Gobierno del PP se ha distinguido en estos 4 años por un vaciamiento sistemático de los fondos que sostienen el sistema público de protección social, algo que está ocasionando mucha incertidumbre en el colectivo de jubilados y pensionistas".
En este sentido ha afirmado que es "imprescindible parar esta sangría" para evitar que el sistema se vaya al traste y establecer cambios de cara al futuro que posibiliten la recuperación y la estabilidad de esos fondos, que se crearon en su día por consenso. Ha resaltado la necesidad de que se garantice la suficiencia de ingresos para el mantenimiento del sistema público.
Por su parte, Del Mazo, ha señalado que este manifiesto que se hace llegar a los grupos parlamentarios es "un reconocimiento a los millones de pensionistas de este país que cobran 420 euros y todos aquellos que están por debajo del umbral de la pobreza, estamos hablando de cerca de un millón de personas, muchos de los cuales están sosteniendo a sus familias.
En el manifiesto el colectivo de mayores de ambos sindicatos pide que se rectifique la actual fórmula de revalorización de las pensiones y se recupere lo establecido en la ley 27/2011, negociada con los sindicatos, para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.
En este sentido, denuncian que en la actualidad más de 4 millones de pensionistas están por debajo el umbral de la pobreza, tres de los cuales cobran menos de 420 euros. Además, las pensiones suponen la principal fuente de ingresos de más del 30% de los hogares, a pesar de que más del 50% de las pensiones tienen una cuantía inferior al SMI.
Alertan también sobre la situación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, pues si se siguen gastando 12.000 millones anuales solo para afrontar las pagas extraordinarias, se llegará al fin del mismo en el año 2018. En este sentido, piden actuar sobre los ingresos del Sistema de Pensiones, para que se destinen los recursos suficientes, al igual que los que ya dedican los países de nuestro entorno, alrededor de un 13,5% del PIB, frente a poco más del 10% en nuestro país.
Ambos sindicatos, que denuncian los graves recortes sufridos en el sector sanitario y la paralización y limitación de la ley de Dependencia, tras las reformas unilaterales del Ejecutivo del Partido Popular, reclaman un IVA superreducido para todos los bienes y servicios vinculados a la alimentación y a la energía (gas, calefacción y electricidad).
Esto supondría una ayuda a las familias por un importe de 4.000 millones. Proponen además un bono social para hacer frente a la pobreza energética y evitar los cortes de suministro. Con ello, se conseguiría evitar unos 7.000 fallecimientos anuales de pensionistas por patologías derivadas de no tener sus casas en unas condiciones dignas de habitabilidad.
Por último, recuerdan que la crisis ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar el actual sistema de protección social, y en este sentido piden que se establezca una Prestación de Ingresos Mínimos para las personas que, con disponibilidad para trabajar, carecen de empleo y de unos recursos económicos mínimos.
Fuente:
UGT