​UGT y CCOO han demandado al Gobierno, en la reunión que mantuvieron ayer, que los  Presupuestos Generales del Estado  para 2018 apuesten por un crecimiento inclusivo para que la riqueza llegue a todos los ciudadanos. Las Cuentas del Estado deben priorizar políticas que faciliten el empleo estable y con derechos, la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores (incluidos los empleados públicos) y de los pensionistas, entre otros y la calidad de los servicios públicos.

Asimismo, deben apostar por un incremento significativo del Salario Mínimo Interprofesional, de tal forma que antes de final de la legislatura llegue a los 1.000 euros mensuales, y avanzar hacia el necesario cambio de nuestro modelo productivo, destinando más recursos a la Industria, a I+D+i y a la formación de los trabajadores.

Los Secretarios Generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han solicitado en la reunión sobre PGE 2018, que mantuvieron ayer con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que las Cuentas Públicas se orienten a la creación de empleo estable y con derechos y a que el crecimiento económico llegue a todas las personas, porque no es de recibo que después de tres años consecutivos de crecimiento económico (el PIB crece al ritmo del 3,5% en 2016 y 2017) y en un momento en que los beneficios empresariales ya están en los mismos niveles que antes de la crisis, los salarios sigan estancados, los servicios públicos se haya deteriorado y persistan los actuales niveles de pobreza y desigualdad.

En esta primera reunión,  el Gobierno se ha comprometido con las organizaciones sindicales a analizar en profundidad las partidas presupuestarias concretas y en convocar a las Federaciones de empleados públicos para abordar, no solo los aspectos relacionados con las rentas salariales, sino en todo aquello que afecta a sus condiciones de trabajo y de negociación colectiva.

CCOO y UGT han reiterado al Gobierno que es preciso poner en marcha un plan de choque por el empleo y que los PGE para 2018 contemplen mayor gasto en políticas sociales, para reforzar nuestro ya debilitado Estado de Bienestar. Es necesario que los pensionistas y los empleados públicos recuperen el poder adquisitivo perdido y que ambos colectivos dejen de ser la herramienta de ajuste fiscal que utiliza el  Gobierno  para cumplir sus compromisos de estabilidad con Bruselas. Por otro lado, resulta imprescindible restablecer las partidas que el Gobierno ha ignorado para las políticas de igualdad, especialmente en lo que hace referencia a la violencia de género.

Asimismo, ambas organizaciones sindicales han solicitado que los Presupuestos apuesten por el necesario cambio de nuestro modelo productivo, apoyando con los recursos necesarios,  una política industrial generadora de empleo de calidad. Es preciso hablar de investigación, innovación y formación de los trabajadores y de la necesidad de poder llegar a un acuerdo estratégico que nos permita que la energía sea limpia y a la vez tenga un precio razonable, tanto para la industria como para los consumidores.