Para ambos sindicatos es imprescindible abordar una reforma ineludible que permita desbloquear la renovación de los órganos judiciales y constitucionales y favorecer así su normal funcionamiento.

UGT y CCOO han criticado la tensión a la que se han visto sometidas las instituciones democráticas de nuestro país tras el anuncio del Tribunal Constitucional de convocar un pleno para impedir esta tarde el normal desarrollo de la actividad legislativa en el Congreso de los Diputados. Para el sindicato, este tipo de maniobras solo responden a un ánimo de obstruir un procedimiento legislativo con el que se pretendía acometer la reforma de unos órganos judiciales y constitucionales que, a su juicio, es ineludible y más necesaria que nunca tras varios años de bloqueo.

En este sentido, han reclamado el respeto absoluto a la soberanía nacional, que "reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado", tal y como detalla la Constitución Española, porque es la mejor garantía para la independencia de esos poderes. Para UGT y CCOO, hubiera resultado inaceptable que algunos de los magistrados con un marcado sesgo ideológico afín a la oposición, con cuatro de sus miembros con el mandato caducado desde junio, entre ellos su presidente, y bloqueando su renovación, hubieran interrumpido el funcionamiento democrático de la Cámara Baja, en la que se encuentran los representantes legítimos del pueblo español. 

Ante el anuncio realizado por el Tribunal Constitucional de aplazar la celebración del pleno para el próximo lunes, UGT y CCOO esperan que el órgano se atenga al papel que la Constitución le tiene encomendado y que se abstenga de realizar injerencias que sentarían un mal precedente, con el subsiguiente daño a la calidad democrática de nuestro país. 

Los más de cuatro años de bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional perpetrado por la derecha política y judicial son ya de por sí insoportables en términos de calidad democrática y del respeto institucional entre los poderes del Estado, como para seguir escalando en gravedad con decisiones como esta, que hubiera vulneradoflagrantemente la voluntad de la soberanía popular representada en el Congreso de los Diputados como Poder Legislativo.

Es este Poder Legislativo, compuesto por el Congreso de los Diputados y por el Senado el elegido directamente por la ciudadanía cuando vota en las elecciones generales. El Poder Legislativo, desde el Congreso de los Diputados, elige al presidente del Gobierno que, a su vez nombra al Consejo de Ministros, conformando al Gobierno como Poder Ejecutivo. Y a su vez, el Poder Legislativo, desde su composición fruto de las elecciones generales y desde procesos de elección de mayorías cualificadas tendentes al consenso, ejerce sus competencias en la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de gobierno del Poder Judicial.

La derecha política y judicial debe respetar la división de poderes del Estado y su institucionalidad, y sobre todo, debe comportarse de manera democrática en el respeto a la soberanía popular, de la que emanan todos los poderes del Estado a partir del resultado de las elecciones generales. Por la vía de los hechos, con el pertinaz bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, manifiestan claramente su desprecio al respeto institucional entre los poderes del Estado y al resultado de las urnas que se inclinan hacia una composición progresista en esas renovaciones.