​UGT y CCOO consideran que las modificaciones introducidas en el régimen general de extranjería por el anteproyecto de ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización suponen una vuelta de tuerca más en el autismo del Gobierno en cuestiones migratorias.

Respecto a la forma, en el ámbito de extranjería el texto propuesto supone una vuelta de tuerca más en el autismo del Gobierno en cuestiones migratorias.

Así, si se contaba con un acervo de diálogo social y relativo consenso tripartito en dichas cuestiones que se plasmó, entre otras cuestiones, en la negociación de los dos últimos reglamentos de extranjería, y el acuerdo tripartito en torno a las cuestiones sociolaborales de los mismos, en las reuniones del catálogo, en la Comisión Laboral Tripartita, etc), tanto el texto del Anteproyecto de ley como las previsiones en materia de inmigración incluidas en el informe de Reforma de las Administraciones Públicas, no se han sometido no ya a negociación o diálogo en lo que se refiere sus implicaciones para la política migratoria, ni siquiera a la mera información previa en el seno del órgano de participación institucional en materia de migraciones, la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, órgano en el que UGT y CCOO hemos manifestado en el día de hoy nuestra preocupación por el contenido del Anteproyecto y del informe del CORA.

Por otro lado, el Gobierno insiste en una actitud de “invisibilizar” la inmigración: así, parece que los 5.500.000 extranjeros que viven en nuestro país a los cuales –al igual que al conjunto de la población española- se les están mermando sus derechos laborales, sociales, etc e incluso las mínimas dotaciones para políticas de integración, han desaparecido de la agenda política.

Reiterar que las previsiones legales del anteproyecto ya están contempladas de manera más sosegada y reflexiva en los textos legales vigentes y que –por lo tanto- son figuras superfluas salvo que lo que se pretenda sea desregular de manera definitiva la entrada en España de extranjeros de alto poder adquisitivo y ofrecer a determinadas empresas con establecimiento en España una vía rápida, privilegiada y el margen de cuál sea la situación nacional del empleo, para contratar personal tanto cualificado como no cualificado sin que, por otra parte, se prevea mecanismo alguno de información y de control que permita comprobar las condiciones de empleo de estos trabajadores.

En esta mercantilización de la extranjería en función de su valor económico resultan inaceptables los privilegios procedimentales establecidos que rompen con el principio de igualdad de trato y no discriminación, en este caso, por razones económicas y articulando una, política de inmigración de clase, donde se facilita la llegada de los más pudientes olvidando a los que se hallan en peores condiciones aún estando en territorio español ya. En este sentido UGT y CCOO manifiestan igualmente su preocupación acerca de las previsiones incluidas en el informe sobre Reforma de las Administraciones Públicas y que se sustanciará en una reforma de la LOEX, que puede tener como resultado la desaparición de derechos para extranjeros que se encuentren en determinados colectivos (por ejemplo, personas extranjeras desempleadas)