​El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 4 de julio un Real Decreto Ley con medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. En dicho Real Decreto Ley, además de otras medidas, se establece una nueva bonificación del cien por cien en la cotización a la Seguridad Social, a partir del día 1 de agosto de 2014, para las prácticas académicas curriculares (aquellas obligatorias para la obtención de título) en las que medie alguna retribución, de los estudiantes universitarios y de formación profesional.

De esta forma, afirma el Gobierno, “se fomenta la inserción de estudiantes en el mercado laboral, a la vez que se garantiza la cobertura adecuada de sus derechos sociales y se facilita el desarrollo temprano de carreras de cotización”.

La Secretaria Confederal de Política Social de UGT, Carmen López, ha valorado positivamente el hecho de que “el Gobierno garantice definitivamente el derecho de todos los “becarios” a cotizar al Régimen General de la Seguridad Social, tal y como acordó UGT, CCOO, CEOE y CEPYME y el Gobierno del PSOE en el “Acuerdo Social y Económico” y así se regula por la Disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social y el RD 1493/2011.”

En este sentido, no conviene olvidar que la situación actual de los jóvenes, más de un 50% desempleados, necesita de medidas dirigidas a impulsar el empleo juvenil y la protección social de este colectivo especialmente maltratado en sus carreras de cotización.

Por eso, UGT valora que el Ministerio de Empleo mantenga el derecho a la cotización de los becarios, frente a la negativa del Ministerio de Educación, e insta a éste a que reconozca públicamente este derecho a los jóvenes estudiantes universitarios y los estudiantes de formación profesional que realicen prácticas académicas externas. Asimismo, exige al Ministerio de Educación a que renuncie, de una vez por todas, a las campañas de cacería contra este derecho, con el débil argumento de su coste. No es un problema económico para los centros o empresas, simplemente es una negativa injusta e injustificada del ministro de Educación, José Ignacio Wert, contra los jóvenes estudiantes.​