​La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha manifestado que “vamos a seguir movilizándonos hasta que el Gobierno rectifique y garantice el poder adquisitivo de los pensionistas, una cuestión irrenunciable y de justicia”.

En este sentido, ha advertido que las medidas que pretende adoptar el Gobierno en materia de pensiones son vagas, parciales e insuficientes y “no van a acallar la protesta social".

Resulta especialmente llamativa la promesa de Rajoy de establecer rebajas fiscales en el IRPF para pensionistas y para familias. Anunciar una bajada de impuestos, mientras se mantiene la política de recortes es demagógico y populistas, porque “¿si sobra dinero para bajar impuestos, cómo es que no lo hay para garantizar que las pensiones no pierdan poder adquisitivo?".

Además, aunque se pretende dar la impresión de que la bajada de impuestos va a beneficiar a todos, hay que tener en cuenta que la evidencia demuestra que las bajadas de impuestos a los pensionistas solo pueden beneficiar a las pensiones más altas, que son una minoría, y no a ocho de cada diez que son los que más lo necesitan.

Por otra parte, Barrera ha demandado que las pensiones más bajas alcancen los 1.000 euros mensuales, “un mínimo para poder vivir dignamente”.

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social ha hecho estas declaraciones durante su intervención en la jornada “En defensa de las pensiones públicas dignas de hoy y de mañana”, organizada por UGT-Euskadi, en Bilbao. Asimismo, ha participado, junto al Secretario General de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, Anatolio Díez, y el Secretario General de UGT-Euskadi, Raúl Arza, en la movilización convocada, como cada lunes, en esta ciudad, en defensa de las #PensionesDignas.

Barrera ha retado al Gobierno a que muestre su verdadera voluntad de negociar y recuperar el consenso social y político retirando o modificando la reforma de pensiones que aprobó unilateralmente en 2013, y que supone el empobrecimiento paulatino y constante de los pensionistas presentes y futuros. Asimismo, le ha recriminado que mientras recorta las pensiones públicas esté incentivando los planes de pensiones privados.

Ha señalado que ningún país ha implantado un mecanismo de falsa revalorización como el español y que su implantación no es una imposición de la Comisión Europea, sino responsabilidad del Gobierno. En este sentido, ha precisado que de proseguir este mal llamado Indíce de “Revalorización” de las Pensiones, por el que las pensiones sólo aumentan el 0,25%, en 20 años, los pensionistas perderán entre un 30 o 40%, en función de si la inflación es del 1,5 o el 2%. Un recorte al que se une el Factor de Sostenibilidad, el segundo elemento de recorte de la reforma de 2013, por el que se establece que cuanto más vivas, menos cobres.

Garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, un derecho básico

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social ha manifestado que el mantenimiento del poder adquisitivo es un derecho básico, inseparable del derecho a la pensión de jubilación.
En este sentido, ha afirmado que UGT demanda que se otorgue, en el marco del Pacto de Toledo, la consideración, en tanto que derecho básico de todos los pensionistas, de que la revalorización de las pensiones es un componente no contributivo de las mismas.

Y como tal, esa actualización con el IPC, debe soportarse por los Presupuestos Generales del Estado y debe ser independiente de si los ingresos por cotizaciones son o no suficientes para cubrir la totalidad del gasto en pensiones.

Al mismo tiempo, el sindicato defiende que se establezca un mecanismo fiscal de carácter finalista con capacidad suficiente para sufragar la revalorización anual y el mantenimiento del poder adquisitivo de todas las pensiones.

Sin embargo, dada la urgencia de que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo es necesario que el Gobierno se comprometa ya a financiar la subida de pensiones, con cargo a los PGE.

En consecuencia, UGT va a seguir insistiendo frente al Gobierno, y se va a dirigir a los grupos parlamentarios para que se asegure, desde este mismo ejercicio y en el futuro, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Al mismo tiempo continuará con las movilizaciones porque “el Sistema Público de Pensiones es un patrimonio de todos, que entre todos tenemos que defender”.