​La Unión General de Trabajadores le ha hecho llegar una carta al Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, denunciando el caso de Ruben Ranz y José Manuel Nogales como ejemplo de la situación que atraviesa del ejercicio del derecho de huelga en España.

Con motivo de su visita a nuestro país, el sindicato le expone en una misiva la situación de estos dos compañeros, cuyo juicio es el 21 de junio y para los que se piden 7 años de cárcel para cada uno, y de los 300 sindicalistas encausados por su participación en varias huelgas, a los que se les piden penas administrativas y penales por el ejercicio de un derecho amparado por la Constitución.

Una situación amparada por la "Ley Mordaza" del Gobierno del PP, que utiliza a la Fiscalía para arremeter contra las organizaciones sindicales y conseguir así mermar los derechos de la clase trabajadora de nuestro país con penas insólitas y desproporcionadas. No es justo que esta sociedad tenga que ver cómo los banqueros se apropian de nuestros ahorros o se apropien indebidamente de bienes públicos y la Fiscalía solo pida 4 años de cárcel, mientras que por ejercer un derecho fundamental se pidan hasta 8 años de cárcel. No es justo.

Por ello, UGT reclama la derogación total de esta Ley y del artículo 315.3 del Código Penal, un artículo de la época dictatorial que ha sobrevivido a las diferentes reformas y que nunca se había utilizado hasta la llegada de Mariano Rajoy a la Presidencia de Gobierno.

El sindicato demanda en la carta a la OIT que examine el caso de estos compañeros y recuerda que este organismo ya le dio la razón en la queja formal que interpusieron en el año 2014 UGT y CCOO ante el Comité de Libertad Sindical de dicho organismo, al constatar que dicho artículo del Código Penal y la aplicación práctica del mismo que ha realizado el Ministerio Fiscal vulnera, y lo sigue haciendo, varios convenios de la OIT relativos al derecho de libertad sindical y de huelga. En este sentido, la OIT señala que se piden sanciones excesivamente elevadas y condenas desproporcionadas sin tener en cuenta la necesidad de proteger un derecho fundamental amparado por la Constitución.