​Ante la enorme proliferación, reciente pero rápida de las estaciones de servicios desatendidas (sin personal) FITAG UGT expresa su preocupación, ya que entrañan un riesgo para la población, un perjuicio para el empleo, y una discriminación hacia usuarios discapacitados.

Por ello ha emprendido una campaña informativa para trabajadores y usuarios, y exige al Ministerio de Industria que regule legislativamente el funcionamiento de estas estaciones de servicio, fijando unos mínimos que garanticen la seguridad ciudadana, la preservación del medio ambiente y el trato igualitario a todos los usuarios que deseen utilizar cualquier medio de repostaje.

Las instalaciones desatendidas son establecimientos de suministro de combustible al por menor, en el que no existe personal alguno que asista al consumidor que acude a repostar a la misma. FITAG UGT ha contabilizado hasta ahora 445 puntos de venta en régimen desatendido en el territorio español y estima que podrían ser ya alrededor de 600.

Nuestra preocupación ante este nuevo fenómeno es en primer lugar por el empleo. FITAG UGT calcula que ya se han perdido unos 2500 puestos de trabajo directos, porque estos puntos de venta prescinden por completo de personal laboral. A esto habría que añadirle los puestos de trabajo que se eliminarán en otras estaciones de servicio con el fin de reducir costes y competir con los nuevos establecimientos. Esta situación es especialmente alarmante dentro del contexto de crisis y con alta tasa de paro que hay en nuestro país. Con la pérdida de empleo añadida se pierde dinero para el consumo, y se traduce en un menor número de cotizaciones que repercute en los ingresos de las arcas públicas. Así, si el Estado cuenta con menos cotizaciones, contará con menos fondos para cubrir el desempleo y la formación profesional, teniendo que recaudar más impuestos de los cotizantes.

Por otro lado, las estaciones de servicio desatendidas entrañan un grave riesgo para la ciudadanía. El uso imprudente o inadecuado de las instalaciones, en ocasiones por simple desconocimiento, podría provocar derrames, que contaminarían el terreno, podrían ocasionar caídas, o sería un factor de riesgo para generar un incendio de graves consecuencias. Repostar con el coche encendido, fumar en el recinto o simplemente la electricidad estática podrían ser desencadenantes de un incendio. El hecho de no contar con la presencia de un trabajador cualificado que informe al usuario, que le advierta de las precauciones que debe tomar o que sepa reaccionar ante una emergencia, es un problema de seguridad que se enquista en las estaciones de servicio.

Tampoco habría personal para comprobar que el combustible se transporta con seguridad en bidones homologados, por conductores acreditados para grandes cantidades de gasolina, para ofrecer hojas de reclamación, para supervisar el llenado de los surtidores, o para atender al usuario que quiera comprobar que el repostaje que se le cobra es correcto.

Las estaciones de servicio desatendidas discriminan a los usuarios discapacitados, que no pueden servirse el producto ellos mismos, ya que no están adaptadas. Tampoco podrían utilizar este servicio los usuarios que compren gasolina bonificada, ya que no pueden acreditar esta condición ante ninguna persona.

Por último, hay que recordar que la falta de personal en estas instalaciones pone en riesgo la seguridad ciudadana, ya que cualquier persona podría hacer uso sin control de productos altamente inflamables, para poder ser utilizado en la preparación de sabotajes, terrorismo o atentados.

Por todos estos motivos, FITAG UGT considera que las estaciones de servicio desatendidas son negativas en términos de empleo, de seguridad y de calidad en el servicio, y reclama al Ministerio que regule con una sola ley estatal esta actividad, protegiendo los derechos y la seguridad de los ciudadanos así como el empleo ya que las competencias en instalaciones de hidrocarburos están transferidas a las Comunidades Autónomas, y la normativa que las regulan varían de una Comunidad a otra, habiendo muchas que ni siquiera contemplan esta actividad comercial en su legislación.​