Los datos del IPC de enero, publicados hoy por el INE, sitúan la inflación anual en un 2,3%, seis décimas menos respecto a diciembre. Este descenso pronunciado se debe, principalmente, al abaratamiento del precio de los carburantes (-1,3% mensual) y al comportamiento de la electricidad, que mensualmente se encarece menos que el año pasado (un 2,3%, frente al 11,1% registrado en enero de 2025).

En cuanto a la inflación subyacente, que recoge la inflación de componente más estructural, se mantiene estable en el 2,6%, situándose tres décimas por encima la tasa general, la mayor diferencia desde octubre de 2024. Con todo, las estimaciones de inflación media para 2026 oscilan en torno al 2,4% para la tasa general (tres décimas menos en comparación con 2025), mientras que se estima una inflación subyacente promedio en torno al 2,4% (una décima menos que el año anterior).

Entre los incrementos anuales más destacados durante este mes, destaca el de los huevos (30,7%), el transporte combinado de pasajeros (26,5%) y la recogida de basuras (26%). En sentido contrario, los aceites vegetales (-20,6%), los combustibles líquidos (-11,5%) o la gasolina (-7,4%) registran los descensos de precios más señalados.

Por otro lado, el comportamiento del mercado inmobiliario, que el indicador del IPC no capta con precisión, sigue mostrando una tendencia imparable de los precios. Esto ha supuesto un aumento notable del coste real de la vida en los últimos años, mermando el poder adquisitivo de las personas trabajadoras y neutralizando cualquier subida salarial, especialmente en las grandes ciudades. Así, en algunos territorios, el precio del alquiler llega a suponer más de un salario neto íntegro para categorías retributivas bajas, haciendo inviable el acceso a una vivienda.

Es por ello que, en la propuesta –lanzada de manera conjunta con CCOO- para negociar el VI AENC, se recoge la necesidad de implementar complementos salariales que amplíen la capacidad de renta y faciliten el acceso a una vivienda digna, especialmente en convenios colectivos de territorios tensionados. En añadido, la propia propuesta también recoge subidas salariales del 4% para cada uno de los años de vigencia (2026-2028), con incrementos graduales y adicionales de entre el 1 y el 3% para aquellos salarios inferiores al salario medio anual estatal. 

Una hoja de ruta de mejoras salariales que se ajusta al contexto económico expansivo que atravesamos, en el cual buena parte del tejido empresarial se ha beneficiado en mayor proporción, acumulando unos márgenes empresariales que marcan niveles récord en los últimos cinco años. Así, apostar por un modelo de reparto de la riqueza más justo y equilibrado debe ser una de las máximas que guíen la acción sindical a lo largo del año. 

El primer paso ya lo hemos dado con la inminente firma de la revalorización del SMI, que se situará en 2026 en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, manteniendo la exención en el IRPF ya aplicada en 2025. Con ello, seguimos avanzando en el cumplimiento del compromiso de alcanzar el 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea, además de garantizar un suelo salarial digno para las personas trabajadoras con rentas más bajas. Este incremento debe venir acompañado de un aumento salarial en los tramos medios, apostando por un modelo de reparto de la riqueza más justo y equilibrado que ayude a combatir la precariedad y desigualdad salarial.