​El nuevo Parlamento debe derogar el artículo 315.3 del Código Penal que criminaliza el derecho a la huelga y la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha participado hoy en Asturias en un  acto de apoyo en defensa de los 5 de trabajadores de Arcelor Mittal, condenados a prisión por ejercer su derecho a huelga, junto con el Secretario General de UGT-Asturias, Javier Fernández, y el Secretario del Sector Siderúrgico de UGT-FICA y portavoz de los cinco de Arcelor, Javier Villalta. Álvarez ha anunciado que UGT va a recurrir la sentencia ante el Tribunal de Estrasburgo.

Aunque el caso de los 5 de Arcelor “no es un caso aislado”, pues hay 300 sindicalistas encausados, 89 de ellos de UGT, sí es un ejemplo de lo que está ocurriendo en relación con la criminalización del derecho de huelga en España, en base a la utilización del artículo 315.3 del Código Penal.

 A estos sindicalistas se les pedía 21 años de prisión, una condena calificada por el propio Comité de Empresa Europeo de Arcelor Mittal como “injusta, desproporcionada e inconstitucional”.

Se les acusa de un delito contra los derechos de los trabajadores, en base al artículo 315.3 del Código Penal.  La sentencia condena a los sindicalistas José Luis Alonso Cuesta, Neftalí Casares García, Alberto Bernardo Villalta, José Ángel Álvarez Novo y Jerónimo Blanco González a penas de tres años y seis meses de prisión para cada uno, y a estos dos últimos a la pena de un año y nueve meses de prisión por un delito de lesiones.

La Audiencia Provincial ha rebajado la pena a 18 meses de multa, con una cuota diaria de 10 euros, y para dos de ellos la condena se mantiene en 1 año y 9 meses de prisión y 70.000 euros de indemnización. Aunque se ha recurrido ante el  Tribunal Constitucional, éste lo ha desestimado. Por eso, UGT va a recurrir ante el Tribunal de  Estrasburgo.

Por otro lado, UGT va a recurrir la sentencia del Juzgado de lo Penal de Gijón que ha condenado por falso testimonio los 4 testigos de la defensa que verificaron a favor de los 5 de Arcelor a 6 meses de prisión y 500 euros de multa. Además, resulta extraño que el juez solo haya dado verosimilitud a la versión del denunciante y no haya dejado declarar  a otros 10 testigos aportados por la defensa.

A juicio de UGT, es una sentencia desproporcionada porque la condena de cárcel para cada uno de los imputados es una decisión que rebasa con creces las penas que la Fiscalía reclama para los responsables de delitos mucho más graves. Una condena que no tiene precedente alguno en nuestra democracia, habría que remontarse a tiempos de la dictadura franquista.

El nuevo Parlamento debe derogar el artículo 315.3 del Código Penal y la Ley Mordaza

Pepe Álvarez, ha dejado claro el apoyo incondicional del sindicato no solo a los 5 de Arcelor, sino con todas aquellas personas encausadas únicamente por ejercer su derecho a huelga, en base a la utilización de un artículo del Código Penal en desuso y de origen preconstitucional, el  315.3 y que ha sido rescatado por la Fiscalía General del Estado, durante la legislatura del Gobierno del Partido Popular, en 2012.  

Ha manifestado que no cree en “la casualidad” de que todos los fiscales utilice, de repente, los mismos argumentos y el mismo  artículo del Código Penal  y ha pedido a  los fiscales que “sean igual de contundentes con los empresarios que impiden ejercer el derecho a  huelga”.  En este sentido, ha defendido la labor de los piquetes informativos, “garantes de la libertad para poder secundar una huelga”.

El Secretario General de UGT ha hecho un llamamiento a los partidos políticos para que acaben con la criminalización del derecho fundamental a la huelga y la Ley de Seguridad Ciudadano, conocida como Ley Mordaza, que persigue la protesta social, especialmente a aquellos que se comprometieron a ello, pues “hay una mayoría parlamentaria suficiente”

UGT ya ha denunciado, en reiteradas ocasiones y ante diversos organismos nacionales e internacionales (la última vez, en la 105ª Conferencia Internacional de Trabajo de la OIT) el ataque que se está produciendo en España contra las libertades ciudadanas y contra el movimiento sindical.