​La Unión General de Trabajadores ha presentado recurso de alzada contra la resolución de 17 de agosto de 2016, de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), por la que se aprobó la convocatoria de este año para la concesión de subvenciones a las ejecuciones de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, por la exclusión de los interlocutores sociales de un órgano de control del sistema, que es el órgano colegiado que informa sobre la evaluación de las solicitudes de subvención.

El Sindicato recuerda que el 12 de mayo de 2016, el Patronato de la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, a propuesta del SEPE, aprobó un proyecto de convocatoria que recogía (en su artículo 18) la participación de los interlocutores sociales en dicho órgano, con el siguiente texto: “Dicho órgano colegiado estará formado por doce vocales independientes, seis designados a propuesta del Servicio Público de Empleo Estatal, tres a propuesta se las organizaciones empresariales y tres a propuesta de las sindicales, representadas en el Patronato de la Fundación Estatal”.

Por tanto, fue después de negociada y pactada la propuesta de resolución de la convocatoria de formación para 2016, se procedió a su modificación en ese punto concreto, que nadie había cuestionado, para excluir a los interlocutores sociales.

UGT recuerda en el texto del recurso que la participación de los interlocutores sociales está respaldada por la Ley 30/2015 de Formación Profesional para el Empleo, por la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la participación de los interlocutores sociales en el sistema de formación profesional para el empleo, por la jurisprudencia de la sala contencioso administrativa de la Audiencia Nacional, y por la práctica de la propia Administración a través del propio SEPE.

La Unión General de Trabajadores rechaza que la exclusión se pueda fundamentan en que los interlocutores sociales sean “juez y parte” en el sistema, como se ha hecho desde el Ministerio de Empleo, porque tanto la Ley 30/2015, como el Real Decreto Ley 4/2015, eliminaron la condición de beneficiarios de subvenciones a las organizaciones sindicales y empresariales, abriendo las convocatorias únicamente a centros y entidades de formación en régimen de concurrencia competitiva. Las razones de la exclusión hay que buscarlas, más bien, en las denuncias realizadas por estas organizaciones en anteriores órganos colegiados de las convocatorias para jóvenes de 2015, en relación al fraude que, en su opinión, algunos centros y entidades de formación estaban promoviendo, así como el alto riesgo de concentración de las adjudicaciones en unos pocos y potentes grupos de empresas de formación.  Por último, afirma que eliminar la presencia de sindicatos y patronales del órgano de control,  supone una transgresión consciente del pacto alcanzado con las organizaciones sociales.

El recurso presentado por UGT insta a la revocación de la resolución de convocatoria de subvenciones para cursos de formación para trabajadores ocupados de 2016.