​UGT lamenta la visión que ofrece la Comisión Europea en relación con las migraciones y alerta de que en el Libro Blanco sobre el futuro de Europa, bajo el epígrafe “Aumento de las amenazas e inquietud por la seguridad y las fronteras”, se hable sobre terrorismo, migraciones, las crisis humanitarias y la libre circulación de personas y trabajadores ciudadanos de la Unión Europea. Una relación perversa y no casual que nos aleja de la Europa justa, democrática e inclusiva que defiende la Confederación Europea de Sindicatos, de la que UGT forma parte.

La Comisión Europea que publicó ayer varios informes, comunicaciones y decisiones, en torno al desarrollo de la Agenda Europea de Migraciones y los programas de reubicación y asentamiento, plasma en ellos su visión de que la inmigración representa un peligro y una amenaza.

La Comisión alaba una vez más la Declaración de la UE y Turquía y considera positiva la devolución a Turquía, desde Grecia, de 1.487 personas migrantes o solicitantes de protección internacional. Lamenta que sigan siendo más las llegadas a territorio europeo y señala que es preciso hacer esfuerzos para que los migrantes retornen voluntariamente a Turquía o a sus países de origen.

En este sentido, hace dos días, el Tribunal General de la UE se ha declarado incompetente para resolver los recursos presentados por tres solicitantes de asilo, alegando que es un acuerdo entre los Estados miembros y Turquía, no un acuerdo de las Autoridades Europeas con este país. Es decir, según el auto publicado por el Tribunal General de la UE, tenemos un acuerdo que no sabemos muy bien quien ha firmado, pero que en la práctica implica la adopción de medidas como una dotación económica de 6.000 millones de euros y, lo que es más grave, un sistema de retorno a Turquía tanto de migrantes como de solicitantes de protección internacional, que han utilizado este país como tránsito para llegar a la Unión.

En la misma línea que lo señalado, respecto al Libro Blanco, la Comisión presentó un informe sobre la reubicación de solicitantes de protección internacional y un nuevo marco para hacer más eficaces y aumentar las expulsiones de inmigrantes. El mensaje no puede estar más claro: si asumimos solicitantes de protección internacional, hay que expulsar a más inmigrantes. Un mensaje de nuevo perverso, porque criminaliza a una parte de la población migrante europea, y que, en lo que respecta a acoger a solicitantes de protección internacional, no obedece a la realidad. A fecha del 28 de febrero de este año, solo se han reubicado a 13.546 personas de las 160.000 comprometidas (851 de ellas en España), tal y como reconoce la propia Comisión, en el 10º informe sobre reubicación y reasentamiento de solicitantes de protección internacional desde Grecia e Italia. En el mismo admite que es muy difícil que se pueda cumplir el compromiso antes del mes de septiembre de este año, y constata que Hungría, Austria y Polonia se han negado a participar en el programa de reubicación.

Otros informes y decisiones de la Comisión en torno al desarrollo de la Agenda Europea de Migraciones:

• El tercer informe sobre el Marco de Asociación con terceros países, prioritariamente, Níger, Mali, Nigeria, Etiopia y Senegal. Con todos estos países se están desarrollando diversas acciones entre otras, para favorecer el retorno voluntario de los migrantes que los utilicen como países de tránsito hacia la Unión o que incrementen la vigilancia de sus fronteras. Por otra parte, se prevé un aumento de la cooperación con otros países como Egipto, Túnez y Argelia y seguir apoyando a Libia.

• Medidas para una “política de la UE eficaz y creíble en materia de retorno”. La Comisión recomienda, entre otros objetivos, incrementar el número de inmigrantes retornados a sus países de origen, adoptando medidas para localizar y detener a los inmigrantes irregulares, para que las decisiones de expulsión tengan una duración ilimitada y, por lo tanto, puedan realizarse en cualquier momento, la posibilidad de incrementar el periodo máximo de internamiento de seis a 18 meses, aumentar los centros de internamiento, e inclusive rebajar el actual control judicial sobre los internamientos.