Frente a las declaraciones de la Directora del FMI, Christine Lagarde, quien ha manifestado que la institución espera que se lleve a cabo una nueva reforma del mercado laboral en España, la Unión General de Trabajadores subraya que cinco años después de la aprobación de la última reforma laboral, la situación del mercado de trabajo en España se resume en peores empleos y salarios y mayor desigualdad y pobreza.

El sindicato denuncia que el FMI debería dedicarse a cumplir con sus labores de supervisión y control, en las que se ha demostrado ineficaz, en lugar de actuar como un lobby e intervenir en las políticas nacionales y recuerda que aún tenemos unos niveles altísimos de paro, con 4,5 millones de desempleados y que la recuperación del empleo ha sido únicamente de carácter temporal, -de hecho, de los 19 millones de contratos en 2016, tan solo 1,7 millones son de carácter indefinido y 5 millones han sido de corta o muy corta duración-. De forma que, del total de los contratos, solo 819.000 han tenido la calidad suficiente como para garantizar un nivel de vida digno para los trabajadores.

Además de la temporalidad, en estos años, se ha consolidado la utilización del contrato a tiempo parcial involuntario, que ha aumentado 5 puntos desde 2011 y supone el 60,5% de los contratos a tiempo parcial y se ha expulsado del mercado laboral a los jóvenes y a los mayores de 55 años enquistándose  el paro de larga duración, con más de tres millones de personas en desempleo más de un año.

La precariedad se ha generalizado y se han devaluado los salarios en 5,3 puntos desde 2009 aumentando de manera alarmante los niveles de desigualdad y pobreza, pero es que además, la recuperación económica solo ha llegado a las empresas que están aumentando sus beneficios, mientras que las rentas de los trabajadores, que llevan años disminuyendo, no logran remontar.

UGT denuncia que las reformas laborales han sido las causantes de la aparición de la figura del trabajador pobre, ese trabajador -muy relacionado con la contratación temporal y la parcialidad involuntaria- que aun teniendo un empleo no consigue salir del umbral de la pobreza, porque en muchos casos no llega a cobrar ni el SMI.

Por todo ello, el sindicato ha exigido y exige la derogación de ambas reformas de 2010 y 2012 desde el diálogo y el consenso y reclama establecer un marco de relaciones laborales negociado para implementar un mercado de trabajo más productivo, más cualificado y con mejores empleos y salarios.