UGT recuerda que hay cuestiones esenciales del sistema de formación pendientes de desarrollo reglamentario
Fecha: 10 Sep 2015
La Unión General de Trabajadores valora la reforma del Sistema de Formación Profesional para el Empleo (FPE) realizada mediante la ley 30/2015, publicada hoy en el BOE, pero recuerda que algunos de los principios esenciales de la norma no están todavía bien definidos y requieren discusión y concreción para su desarrollo reglamentario.
Cuestiones como el papel de la representación legal de los trabajadores en el control de los planes de formación de las empresas, o la reanualización y retorno de la cuota siguen generando incertidumbres, por lo que el Sindicato reclama al Gobierno diálogo y consenso con los agentes sociales para su desarrollo.
Superados veinte años de vigencia de la formación para el empleo, era imprescindible adaptar el sistema al actual contexto socioeconómico y mejorar su eficiencia. UGT ha realizado múltiples aportaciones a este proceso con el objetivo de conseguir una alternativa viable y estable basada en el consenso social. La Ley 30/2015 parte de un conjunto de principios que da continuidad a un modelo de formación que:
- Reconoce el déficit de cualificación de los trabajadores españoles, y la necesidad de realizar un esfuerzo de aproximación a los objetivos europeos de la estrategia 2020
- Recoge el impulso del Reconocimiento de la Experiencia Profesional como una herramienta básica para facilitar los procesos de cualificación
- Plantea la detección de necesidades de formación, tanto colectivas como individuales, como un pilar central en el sistema de FPE
- Implica a los servicios de orientación profesional en la determinación del perfil de formación a recibir por cada trabajador
- Identifica a las PYME como una de las asignaturas pendientes de la FPE, estableciendo mecanismos para incorporarlas a la bonificación empresarial, con una participación directa de las estructuras paritarias establecidas a través de la negociación colectiva
- Asume la vinculación de la Formación para el Empleo con la negociación colectiva y el Diálogo Social
- Mantiene la participación de los Interlocutores Sociales en la gobernanza del sistema
Estos principios deben desarrollarse en la normativa de aplicación de esta Ley, pendiente de discusión y aprobación. El consenso de los grupos parlamentarios subsanó algunas deficiencias de la ley durante su tramitación en las Cortes, pero UGT alerta acerca de posibles carencias durante el desarrollo reglamentario en temas todavía no bien definidos y que pueden generar incertidumbre, tales como:
- Reanualización y retorno de la cuota. Los actuales Presupuestos Generales del Estado en trámite no recogen lo que dicta la actual Ley.
- Papel de la Representación Legal de los Trabajadores. También se contempla en la Ley, pero falta definirlo de manera más clara para reforzar su papel de control sobre los planes de formación de las empresas y las condiciones en que se realizan.
- Papel de las Estructuras Paritarias. La Ley dota de mayor capacidad a las actuales Comisiones Paritarias para establecer, entre otras funciones, criterios estatales para la formación que necesitan los sectores económicos. Dado el papel relevante que se les atribuye en el nuevo modelo hay que trabajar, no se ha hecho, el papel y funciones que han de desarrollar las estructuras paritarias que recoge la Ley y la financiación para realizar este trabajo.
- Formación para los interlocutores sociales. La formación que se establece en esta Ley, necesaria para que los representantes de las organizaciones empresariales y sindicales desarrollen funciones relacionadas con la negociación colectiva y el Diálogo Social, ha de desarrollarse dentro del nuevo modelo.
UGT saluda la aprobación de la Ley 30/2015 en la medida que puede repercutir en la mejora de la calidad del sistema de FPE, manteniendo la participación de los agentes sociales en su gestión política. Las organizaciones sindicales pueden y deben cubrir funciones esenciales en el sistema, como vincular el diseño de la formación a las necesidades reales de los sectores productivos, y organizar la formación en micro empresas y pequeña empresa.
Esperamos que la actitud del Gobierno en el inmediato desarrollo reglamentario permita la participación y el consenso con los agentes sociales, plasmando con claridad el papel de protagonismo de los interlocutores sociales, dotando a los órganos de gobierno y a las comisiones paritarias de los medios necesarios para cumplir los cometidos que ya se han establecido en la Ley 30/2015.
Fuente:
UGT