​UGT considera positivo que la OCDE inste a probar la eficacia de la renta universal básica y que reconozca la insuficiencia de los sistemas de protección social actuales, pero critica que este organismo considere que esta renta universal implique la eliminación de todas las ayudas o prestaciones sociales, como el paro (solo se conservarían ayudas a la vivienda y a los discapacitados)

Aunque la OCDE analiza 4 países (Italia, Francia, Reino Unido y Finlandia) UGT resalta que hay sistemas de protección social que se han quedado más obsoletos que otros, y están muy lejos de cubrir las necesidades sociales, especialmente de aquellos más vulnerables. En este sentido, en España se ha disparado la pobreza y las desigualdades como consecuencia de la crisis, pero sobre todo de las políticas de austeridad y recorte que se han impuesto para combatir esta crisis (así, las personas en situación de pobreza severa ascienden a 3,5 millones de ciudadanos y ciudadanas, el 7,6% de la población que vive con menos de 333,8 euros al mes, afectando al 8,4% de los menores de 16 años)

El sindicato que ha denunciado que el Gobierno se vuelve a olvidar de las personas más vulnerables en los PGE 2017, recuerda que es hora de poner en marcha la Prestación de Ingresos Mínimos impulsada por los sindicatos y que cuenta con el respaldo de más de 700.000 firmas y el apoyo de la mayoría parlamentaria. El objetivo de esta prestación es establecer un mínimo para paliar la situación de "absoluta miseria" que viven centenares de miles de familias en nuestro país y millones de personas.

UGT critica las trabas de los que se oponen a esta prestación alegando problemas económicos y presupuestarios (como el PP o Ciudadanos), porque no es posible que haya dinero para rescatar a la banca o se gasten miles de millones en rescatar a las radiales, y sin embargo no lo haya para ayudar a las personas más vulnerables.

Esta prestación debe configurarse como un nuevo derecho subjetivo vinculado a la Seguridad Social y está dirigida a personas con disponibilidad para trabajar que carecen de empleo y recursos económicos para sí, y en su caso para los familiares a su cargo. La cuantía estimada es de 426 euros, equivalente al 80% del IPREM (cuantía que aumentaría en función de los componentes de la unidad familiar) y debe durar mientras se mantengan las condiciones que den acceso a la prestación. Se calcula que los beneficiarios potenciales serían algo más de 2 millones de personas (2.151.000) y tendría un coste para el Estado entorno a los 11.000 millones de euros.

Además, se debe financiar vía impuestos, a través de los Presupuestos Generales del Estado, y sería incompatible con otras prestaciones de la Seguridad Social (salvo las familiares no contributivas) pero compatible con las de atención a la dependencia, ayudas a la infancia, ayudas de emergencia social, o cualquier otra de naturaleza asistencial de cualquier administración pública.

La Unión General de Trabajadores valora, al margen de los contenidos de las propuestas, que cada vez más organismos europeos e internacionales reconozcan la necesidad de esta renta ante la urgencia de aumentar la protección social.