UGT reclama una nueva Ley de Cooperación Internacional que construya un mundo más justo, igualitario y democrático

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Jesús Gallego demanda en el Congreso que se apruebe con el mayor consenso político este año y que garantice el 0,7% de la Renta Nacional Bruta de nuestro país


El Secretario de Política Internacional de UGT, Jesús Gallego, ha reclamado “una nueva Ley que constitucionalice la cooperación internacional de nuestro país como una verdadera política de Estado y que se comprometa con la defensa en el mundo de los valores de nuestro Estado social y democrático”.
Jesús Gallego ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados, que estudia la actualización del marco normativo y del sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo, donde ha señalado que “el hecho de que desde 1998 hasta hoy, no se hay desarrollado un instrumento legal que se adapte a las nuevas realidades del mundo, da buena nota de la asignatura pendiente que tiene España en esta materia”. 

Por ello, ha demandado que la nueva ley “conste del necesario consenso político parlamentario, al igual que todos y cada uno de los agentes de cooperación internacional participemos para poder dar nuestra visión y misión de las necesidades que existen y que cumplimos siguiendo las demandas de nuestra sociedad, una sociedad solidaria y sensible, y que demanda que nuestro país participe en la construcción de un mundo en paz, más justo, y más democrático mediante todos los instrumentos que estén a su disposición. Esta ley será la principal herramienta que habrá de definir el papel de España en el mundo como país comprometido con los principales desafíos globales en el marco de la Agenda 2030”.

La Cooperación Internacional debe alcanzar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta en España

El Secretario de Política Internacional de UGT ha recordado que el papel de los agentes sociales en la cooperación internacional “no es sólo un valor añadido a la política de cooperación, sino que, y más allá del caso de UGT que lleva más de 130 años practicando el compromiso con la solidaridad internacional y que aporta el 0,7 % de nuestras cuotas de afiliación a este fin, hace justicia al papel la Constitución española reconoce a los agentes sociales, que nos preserva en la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los y las trabajadoras”. 

En este sentido, ha especificado que, “precisamente porque entre las funciones de los sindicatos se encuentra la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los y las trabajadoras, y para que lo que la Constitución y la Ley nos invisten de esta función, la comparecencia de UGT no hace sino cumplir con lo establecido en nuestra carta magna, y obliga a cualquier fuerza política o a los y las representantes políticas que la hayan jurado o prometido, a velar porque el papel de los agentes sociales en la cooperación sea salvaguardado. Resulta obligado hoy, 23 de febrero, al hablar de constitución y democracia, recordar que la condena del golpismo que atacó la democracia española hace 40 años sigue siendo aún necesaria. UGT estuvo del lado de la democracia y de la constitución hace 40 años, hace 85 y también hace 132 años, desde nuestra fundación”.

Por ello, considera que la nueva ley “debe prever también un compromiso presupuestario que garantice que la cooperación internacional alcance al menos ese 0,7% de la Renta Nacional Bruta que nos exige la Agenda 2030. Y, sin duda, entendemos que en esta legislatura debe llegarse al 0,5%”.

De esta forma, la ley “no puede dejar fuera prioridades tales como la acción humanitaria, la perspectiva de género, el trabajo decente, las migraciones, el cambio climático, la gobernanza democrática, las relaciones comerciales justas, el respeto a los derechos humanos en la actividad transnacional de las empresas y el fortalecimiento tanto de las sociedades donde actuamos como de su sociedad civil organizada. La calidad de esta nueva Ley de cooperación internacional debe medirse y adaptarse al nuevo paradigma de la gobernanza mundial, la solidaridad internacional y la justicia social a escala mundial”.

Para Jesús Gallego, esta nueva ley de cooperación internacional “debe ser reflejo de nuestro europeísmo, de nuestro compromiso con la sostenibilidad del planeta, con el feminismo y la diversidad social, con la justicia social, los derechos humanos y nuestra plena integración en las organizaciones de la comunidad internacional”.

Además, la cooperación “debe incidir necesariamente también en las prácticas comerciales basadas en unas reglas multilaterales que tengan en cuenta los estándares laborales y sociales, dejando claro el rechazo al dumping social y medioambiental, garantizando oportunidades de desarrollo económico inclusivo para todos los países y así, evitar la reproducción de asimetrías económicas que alimentan la pobreza, desigualdad, violaciones a los derechos humanos y las migraciones forzadas”. 

En este sentido, ha puesto en valor la Proposición No de Ley presentada el pasado 11 de noviembre por el grupo parlamentario de Unidas Podemos, sobre medidas de fomento de cooperación internacional en el ámbito sindical, cuya exposición de motivos “deja fielmente reflejadas nuestras inquietudes y el deterioro que gobiernos anteriores hicieron que nuestra cooperación internacional, haciendo que retrocediese no solo económicamente sino, y más grave aún, en la imagen que nuestro país ofreció durante ese periodo en la política internacional”.

La nueva ley debe tener en cuenta el trabajo decente

El Secretario de Política Internacional de UGT ha expuesto otra serie de elementos que deben presidir en esta nueva ley, como la necesidad de “guardar un espacio muy destacado para la agenda del trabajo decente y las normas internacionales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que sin la dignificación del trabajo y la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras será imposible acabar con los desequilibrios del mundo actual”. 

Además, “no puede ser un arma arrojadiza en términos ideológicos, ya que tiene repercusiones graves y dramáticas para la humanidad, y prueba de ello fueron las consecuencias derivadas de forma directa de los drásticos recortes que nuestra cooperación sufrió durante dos legislaturas, donde los dramas en el Mediterráneo y en África nos hicieron sufrir vergüenza ajena como sociedad por carecer de musculo económico y social para mitigar el sufrimiento injustificado de miles de seres humanos”.

“Dramas también como los que suceden en Colombia o Filipinas, donde se asesinan a sindicalistas y líderes sociales cada año por el solo hecho de trabajar y luchar por lo mismo que lo hacemos nosotros. O en Arabia Saudí, donde millones de mujeres ven sus libertades secuestradas o miles de niños se ven forzados a trabajar en Paraguay. Estos graves hechos, que son cotidianos, ocurren en muchas ocasiones con la complicidad, o al servicio, de algunas de las mayores y más conocidas empresas multinacionales de nuestro planeta, algunas de ellas españolas. Este es el resultado de la fantasía de la desregulación, trampa que solo sirve a intereses corporativos por lo que reivindicamos el papel del estado para regular y dirigir la globalización. En esta tarea, la política de cooperación, y muy especialmente la de la cooperación sindical al desarrollo, es una herramienta fundamental”.

Resulta imprescindible que se apruebe lo antes posible

Por ello, ha reclamado “una nueva ley de cooperación aprobada por las Cortes durante este año, con el fin de dotarnos de una herramienta con la que podamos establecer un modelo concreto de financiación, un diseño adecuado de la Agencia de Cooperación, así como ser generadores y referentes para las agencias de cooperación descentralizada y financiadores de cooperación como ayuntamientos y corporaciones locales”.

En este sentido, ha avalado la cooperación desarrollada por el actual Gobierno y “la recuperación de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, que ha sido un paso más en la buena dirección para dar forma y contenido al organismo principal de la cooperación que es la AECID, una agencia que sentimos propia y que queremos sólida, dotada de los fondos económicos y humanos suficientes y referente en el entorno europeo”.

“Una ley”, ha afirmado, “que con independencia del pensamiento y postura ideológica pueda ser asumida desde el convencimiento de un modelo de mundo multilateral y sostenible que nos aparte del egoísmo, el racimo, la xenofobia y todas las lacras sociales fruto de la desigualdad y la pobreza. Una Ley que integre la riqueza como bien común de la humanidad, donde nadie quede atrás y donde emigrar sea un derecho y en ningún caso una humillación para los que, por motivos, políticos, sociales, laborales, medioambientales, guerras u otras lacras obliguen a huir y sufrir las penalidades que ello significa”.

“Toca asegurar, consolidar y aumentar la recuperación financiera y política de la cooperación para el desarrollo como política pública y de Estado en las líneas que marcan los ODS y en coherencia con el sentir de nuestra ciudadanía”, ha recalcado, “de forma que no solo recuperemos los diez años anteriores perdidos, sino que podamos ajustarnos a los avances y cambios acaecidos en cooperación”.

“Hoy, mientras el mundo entero sigue sufriendo las distintas crisis que ha causado la Covid19, se pone aún más de relieve que debemos trabajar de manera global, y entender que el futuro de cada uno y cada una de nosotras sólo se garantiza si garantizamos también el del resto de los seres humanos del planeta. Y garantizar la libertad sindical y la construcción de sindicatos independientes y sólidos. Porque éstos garantizan (y la historia es muestra de ello) condiciones de trabajo dignas y reparto justo de la riqueza. Y con éstas la paz, la libertad, la democracia, y el crecimiento social y económico. Es aquí donde radica el valor de la cooperación sindical. Una cooperación que, aun siendo propia de sindicatos, debe ser una política de Estado, como el nuestro, llamado por peso propio e histórico, pero también por voluntad de su ciudadanía, a ser un actor mundial referente y promotor de hermosos y justos ideales como a los que me he referido”, ha sentenciado.