La semana europea de la pobreza energética se celebrará del 17 al 23 de febrero, en conmemoración de las últimas olas de frío intenso que soportó Europa, durante casi un mes, en febrero de 1956.

La pobreza energética en España sigue aumentando. Según los últimos datos publicados por el INE, en 2024 el 17,6% de la población manifestó que la temperatura en su hogar en el invierno no fue la adecuada y el 14,2% de la población declaró haber tenido retrasos en el pago de las facturas de los suministros básicos de la vivienda en los últimos doce meses. 
Además, el bono social no ha llegado a todos los hogares que lo han necesitado. Un estudio de EsadeEcoPol y Oxfam Intermon detectó que la tasa de cobertura del bono social en 2022 solamente alcanzó el 24,5%.

Urge dar solución al aumento de la vulnerabilidad energética y conseguir que el bono social llegue a quien lo necesite

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España considera que hay que profundizar sobre este serio problema que afecta cada vez a más hogares, y reclama la constitución de una Mesa de Diálogo Social sobre Pobreza Energética y una nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE), que termine de implementar las medidas de la anterior, que finalizó en 2024, y recoja otras nuevas. Para ello, hay que empezar por analizar los factores que la provocan, mejorar los indicadores teniendo en cuenta las elevadas temperaturas en verano y desagregando los datos por sexo para hacer frente a una clara feminización de la pobreza energética y diseñar políticas públicas más eficaces con medidas integradas y coordinadas. 

Hay que garantizar los suministros esenciales a los hogares vulnerables de forma indefinida y crear sistemas de financiación específicos e innovadores

UGT considera que hay que tener en cuenta que algunas de las medidas recogidas en el escudo social evitaron que muchas personas cayeran en situación de pobreza energética, pero conforme van desapareciendo gradualmente, parte de la población vulnerable podría pasar a estar desprotegida. Por ello, en algunos casos, hay que adoptar medidas definitivas como la prohibición de los cortes de los suministros esenciales (agua y energía) a los perceptores del bono social, que el RDL 1/2025 ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2025 y generar sistemas de financiación específicos e innovadores para que estos hogares puedan asumir la deuda de sus facturas impagadas y mejorar su eficiencia energética.