​El informe "Panorama de la Educación 2017" de la OCDE recoge una gran cantidad de datos e indicadores de los 35 miembros que la componen, como por ejemplo la inversión en educación, ratios, número de titulados, escolarización o salarios, entre otros. En relación a España, el documento refleja cómo el gasto público en educación (4,3 %) sigue siendo inferior a la media de los países de la OCDE y cómo ha disminuido (-1,2 puntos) durante los años de crisis económica, mientras en otros países como Portugal, también aquejados por la recesión, ha descendido en mucha menor medida (-0,5), y en el resto se ha mantenido o aumentado.

En el sistema educativo español, esta reducción se ha traducido en estos últimos años en aumento de ratios, reducción de plantillas, desaparición de programas, incremento de carga lectiva o recortes salariales, lo que supone un deterioro de la calidad educativa y de las condiciones sociolaborales del profesorado. Frente a ello, UGT reivindica un incremento del gasto público en educación (hasta alcanzar un mínimo del 5%), que nos aleje de los países que menos invierten y nos acerque a la media europea, situada en el 4,9%.

Entre 2009 y 2013 los docentes españoles han visto reducido su salario en cerca de un 13%, según un informe realizado por el Sector de Enseñanza de FeSP-UGT. Al recorte del 5% sufrido en 2010 y decretado por el Gobierno de Mariano Rajoy, hubo que añadir la congelación de los sueldos, cuyo poder adquisitivo no se ha recuperado pese al ligero aumento del 1% de 2015. Al final de su carrera profesional, por ejemplo, un docente español sigue cobrando hasta un 29% menos que sus colegas europeos, según datos del curso 2015-2016.

Todos los documentos internacionales subrayan que son los sistemas de enseñanza que proporcionan un mayor reconocimiento social y económico a su colectivo docente los que alcanzan mejores resultados educativos. Los datos sobre salarios ofrecidos por el informe de la OCDE son correctos, pero engañosos. Sus comparaciones se realizan entre países de muy distinto desarrollo económico y social, de ahí que pueda parecer que los docentes españoles salen beneficiados. No obstante, la comparativa debe hacerse fundamentalmente con los países de nuestro entorno, y aquí los datos son otros.

Al comienzo de su carrera profesional, el sueldo mínimo del profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria se sitúa por debajo de la media de los 21 países incluidos en el estudio elaborado por UGT. Aunque es cierto que en ese arranque profesional los salarios de los docentes españoles están por encima de la media europea, este es un factor que convendría resaltar en tanto que puede suponer un interesante aliciente a la hora de reclutar para la docencia a los mejores profesionales. Pese a ello, sigue sin existir una carrera profesional, de tal modo que la progresión salarial a lo largo de su trayectoria no supera el 40%, mientras que en Europa es de un 60%. De este modo, para acceder en España al sueldo máximo español se requieren 39 años de servicio, mientras que en otros países analizados basta con una horquilla de entre 20 y 30 años.

Frente a la confusión de cifras en cuanto al tiempo de trabajo y horas lectivas, podemos afirmar que en España el número de horas de enseñanza al año del profesorado en centros públicos sigue siendo superior a la media de la OCDE y de la UE. En España, el profesorado de Infantil y Primaria tiene un total de 880 horas lectivas y el de Secundaria 713, frente a 794 en Primaria y 704 en los países de la OCDE y 766 en Primaria y 666 en Secundaria en la media de la Unión Europea.

El informe de la OCDE sigue subrayando las altas tasas que sigue habiendo en cuanto a abandono escolar temprano y fracaso educativo. España sigue siendo uno de los países que cuentan con jóvenes cuya formación es menor, aunque, en contraposición, también tiene más estudiantes universitarios, lo que, para UGT, hace que sea necesario potenciar una Formación Profesional atractiva y de calidad y ligada a la empleabilidad.

El Sector de Enseñanza de FeSP-UGT considera imprescindible que el Gobierno priorice la educación impulsando medidas de inversión y mejora que posibiliten un avance sustantivo del sistema educativo para hacer frente a los desafíos planteados por los nuevos tiempos.