​El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ratificado la sentencia del Juzgado número 2 de Almería que concedía la pensión de orfandad a los hijos menores de una víctima de violencia de género asesinada por su exmarido.

La pensión había sido denegada previamente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, quien consideró que la muerte de esta mujer había sucedido por "causas naturales" a pesar de  que su asesino había sido ya condenado a 21 años de prisión.

El caso, que ha sido defendido por los servicios jurídicos de UGT-Almería, pone una vez más de manifiesto la situación de desprotección en la que quedan los hijos e hijas víctimas de la violencia machista.

En demasiadas ocasiones, son los tribunales los que tienen que resolver este tipo de situaciones, ante la incongruencia de unas instituciones que se declaran incapaces no solo de proteger a las mujeres víctimas de la violencia machista, sino a sus hijos e hijas, que sufren una doble victimización ya que se quedan sin la protección de sus progenitores y también sin la del Estado, quedando a expensas de la buena voluntad del resto de familiares, si es que los tienen.

Desde UGT censuramos la actuación del INSS, dado que tal y como reconoce el propio TSJ de Andalucía, consideramos "absurda" la denegación a los menores de la pensión de orfandad argumentando la falta de requisitos de la mujer asesinada por calificar su muerte de "causas naturales", cuando su asesino ha sido ya condenado a 21 años de prisión.

No es la primera vez que los Tribunales resuelven una situación como ésta, ante la falta de sensibilidad de nuestras instituciones ante una cuestión que debería ser prioritaria para el Gobierno. De hecho, ya en 2014, un Tribunal reconocía la pensión de orfandad completa para una menor al haber asesinado su padre a su madre y haber sido condenado éste, considerando que la menor quedaba totalmente desprotegida y sin ningún tipo de recursos económicos.

Por ello desde el sindicato exigimos el cambio de criterio del INSS en la concesión de las pensiones de orfandad de los menores víctimas de violencia de género y reclamamos ya un Pacto de Estado contra la violencia de género, que proteja realmente a las mujeres víctima de violencia de género y a sus hijos e hijas. Un Pacto que implique al Gobierno, a todas las instituciones y organismos del Estado, a los partidos políticos, a los interlocutores sociales y a la sociedad en general, que cuente con una dotación presupuestaria suficiente y adecuada, y que contemple un fondo de ayudas económicas para los niños y niñas víctimas de la violencia machista.