Siguiendo los mismos criterios, de atender a circunstancias excepcionales, el sindicato reivindica que se busquen soluciones similares para otros colectivos vinculados familiar, histórica e incluso documentalmente con este país.

 

Entre ellos, los hijos y nietos de españoles de origen que quedaron fuera del proceso cerrado en 2011 y, por otro, los ciudadanos saharauis -y sus descendientes directos- que fueron titulares de documentación española y puedan acreditarlo.

 

Por otro lado, UGT rechaza la imposición de una tasa de 75 euros para la presentación de las solicitudes de nacionalidad por residencia y por carta de naturaleza, una medida que se une a la progresiva externalización y subcontratación de servicios que deben ser prestados por la Administración General.