​La evolución descendente de los precios en España (la tasa anual es del -0,8%) es un claro síntoma del frágil crecimiento de la economía, basada en un modelo agotado, enormemente dependiente de actividades estacionales y de los movimientos del ciclo económico internacional y que propicia una recuperación económica desigual que no llega a las familias y a los trabajadores. UGT demanda políticas fiscales expansivas e incrementos salariales (incluido el SMI) y el establecimiento de una prestación de Ingresos mínimos para impulsar la demanda, el crecimiento económico y el empleo de calidad. Asimismo, insta a un nuevo modelo productivo donde se relance el sector industrial. El sindicato critica la cerrazón de la UE que insiste en políticas erróneas, como la rigidez a la hora de cumplir los objetivos de déficit.

Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC sigue en su senda descendente. A pesar de que la tasa mensual creció el 0,5%, dos décimas más que en el mismo mes del pasado año, la tasa anual sigue en tasas negativas, en el -0,8%.

La inflación subyacente, que mide la variación general de precios descontando los alimentos no elaborados y los productos energéticos, disminuye una décima y se sitúa en el 0,6%, 1,4 puntos porcentuales por encima del IPC general.

Por su parte, en el mes de febrero la tasa de variación anual del IPC Armonizado (IPCA) se sitúa en –0,9%. De este modo, el IPCA de España se sitúa un punto porcentual por debajo de la tasa media de la eurozona, que ha repuntado hasta el 0,1%, según el dato provisional. Esto se traduce en que España lleva 34 meses consecutivos registrando tasas de variación del IPC inferiores a las de la eurozona.

Valoración

La evolución de los precios en España es un claro síntoma del frágil crecimiento de la economía, basada en un modelo agotado, enormemente dependiente de actividades estacionales y de los movimientos del ciclo económico internacional. En países como España, donde la tasa de inflación está en caída libre urgen políticas fiscales expansivas e incrementos salariales, incluido el Salario Mínimo Interprofesional, así como el establecimiento de una prestación mínima garantizada que tengan un solo objetivo: promover el crecimiento. Urge que este crecimiento llegue a las familias y a los trabajadores, puesto que a día de hoy la crisis sigue enquistada en nuestro país, debido a las políticas del gobierno y las reformas impuestas a lo largo de estos años, que han consolidado un modelo productivo incompatible con el progreso social y la igualdad, incluso con la propia estabilidad macroeconómica.

Las políticas de austeridad impuestas en nuestro país se han caracterizado por un debilitamiento de la estructura económica y una creciente desigualdad social, en consonancia con la degradación de las condiciones laborales impuestas por las reformas laborales de 2010 y 2012. Esta situación, que se ceba en los trabajadores y trabajadoras con peores condiciones laborales y salariales, está lastrando la reactivación económica y empeorando la calidad de vida de las familias.

Los últimos datos de las Encuestas de Estructura Salarial publicada por el INE ratifican esta situación de devaluación salarial. Desde 2010 y hasta 2014, el salario medio estimado por la Encuesta solo aumentó un 0,3%, lo que supone una práctica congelación de los sueldos en término nominales, que una vez descontado el aumento de los precios en ese período se traduce en una pérdida de poder de compra de 6,2 puntos porcentuales. Esta evolución ha sido especialmente negativa en el caso de los trabajadores en peores condiciones laborales, con contratos temporales o a jornada parcial. Los salarios de los primeros cayeron desde 2010 un 6,1%, lo que significa un 12,2% de pérdida de poder adquisitivo. Por su parte, el salario de los trabajadores a jornada parcial se redujo un 5,6% nominal, un 11,7% en términos reales. Si se atiende a la distribución salarial, los datos ponen de manifiesto que medio país es casi mileurista, como resultado de una situación de subempleo generalizada (seis de cada diez trabajadores a tiempo parcial quiere trabajar a tiempo completo y no puede) y de unos salarios en continuo repliegue. [ 1 ]

Además hoy existe la amenaza de una tercera recesión, pero en un escenario con menos industria, menos empleo y de peor calidad, y sin margen para aumentar la deuda pública. Al mismo tiempo el crecimiento en España y en Europa es extraordinariamente inestable, y está impulsado casi en exclusiva por factores externos, por lo que es urgente reorientar las políticas económicas -europeas y nacionales- con medidas fiscales expansivas que impulsen la demanda agregada, y se centren en la creación de empleo de calidad y la redistribución de la renta. Y esto pasa por una apuesta decidida en Europa por el crecimiento, ahora amenazado por el Brexit, que según las previsiones, restara hasta medio punto de PIB en 2017 en la UE continental.

Ahora más que nunca Europa tiene la obligación de permitir el crecimiento de sus miembros y no ahogarlos con unos objetivos de déficit público imposibles de garantizar sin una estructura económica fuerte. Justo lo contario de lo que sucede ahora con  el procedimiento abierto contra España por incumplir el déficit, incumplimiento que tuvo lugar porque según la UE, España no tomó medidas adecuadas, a pesar de que el Gobierno del PP insistió en que España crecía más de lo previsto. La multa, supuestamente mínima, a la que hará frente España, está vinculada a nuevos objetivos de déficit, es decir, cuanto menos flexible sea la senda fiscal de España, menos será la sanción. Los líderes europeos han mandatado en nuevo Gobierno a hacer ajustes, porque cuanto más ajustes haga España, más fácil será reducir la multa, que puede alcanzar los 2.000 millones de euros.

Para que Europa crezca de manera sostenible, urge una política social expansiva, para poder reconstruir el modelo social europeo: con una sociedad cohesionada, con igualdad de oportunidades y con derechos conseguidos mediante la negociación colectiva. Porque la economía funciona mejor cuando funciona para todos. Y esto en España pasa por solucionar los graves  problemas de la gente. Por eso desde UGT planteamos una serie de medidas que consideramos imprescindibles para solucionar los problemas laborales y sociales más graves de nuestro país, soluciones que pasan por luchar contra el desempleo, derogar las reformas laborales impuestas y luchar contra la precariedad laboral; acabar con las políticas de austeridad; elevar el Salario Mínimo Interprofesional hasta el 60% del salario medio e impulsar incrementos salariales reales para recomponer las rentas; reforzar las políticas activas de empleo y extender el sistema de protección por desempleo, además de reformar la política fiscal para aumentar los ingresos y hacer que paguen más los que más tienen; promover un suelo de gasto social en la Constitución y revertir las reformas; luchar contra la pobreza estableciendo una Prestación de Ingresos Mínimos; y todo ellos en el marco de una Unión Europea social y respetuosa con los derechos humanos.

Y no hay que olvidar un asunto clave: poner en marcha un Plan Estratégico para la Industria, con fórmulas para revitalizar el sector industrial en nuestro país, para mejorar la innovación de las empresas y aumentar su productividad. Fórmulas que debe in enmarcadas en el desarrollo de políticas de distribución, en las que la negociación colectiva, que es donde se gesta la distribución primaria de la riqueza, tenga un papel fundamental. En este sentido, urge un cambio de la política de rentas, para poder revitalizar la demanda interna (y con ella el crecimiento y los precios), incrementando el poder adquisitivo de los empleados públicos y los pensionistas, y garantizando ganancias de poder adquisitivo a los trabajadores en el sector privado, en el marco del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015-2017 y restaurando plenamente el Pacto de Toledo.

Valoración de Gonzalo Pino, Secretario de Política Sindical de UGT