Con motivo del anuncio de la Comisión Europea de impulsar una recomendación dirigida a los Estados miembros para prohibir las denominadas prácticas de conversión en 2027, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) reclama que la Unión Europea dé un paso más y apruebe una normativa vinculante que garantice la prohibición efectiva de estas prácticas en todo el territorio europeo.

Las recomendaciones constituyen un avance, pero no ofrecen una protección real cuando los derechos fundamentales dependen de la voluntad política de cada Estado. La igualdad, la dignidad y la libertad de las personas LGTBI no pueden quedar sujetas a diferentes niveles de protección en función del país en el que vivan.

Las llamadas prácticas de conversión parten de una premisa falsa: que la orientación sexual, la identidad o la expresión de género pueden modificarse o corregirse. Estas actuaciones carecen de cualquier base científica y han sido rechazadas por varios organismos internacionales, instituciones sanitarias y entidades profesionales debido a los graves daños físicos y psicológicos que ocasionan a quienes las sufren.

Bajo esta denominación se engloban distintas formas de violencia, como la coerción psicológica, el aislamiento, los abusos verbales, la medicalización forzada o las agresiones físicas y sexuales, afectando especialmente a las personas jóvenes y a las personas trans, que se encuentran con mayor frecuencia en estas situaciones de especial vulnerabilidad.

UGT recuerda que estas prácticas constituyen una grave vulneración de los derechos humanos y un ataque directo a la dignidad de las personas. Nadie debe ser sometido a procedimientos que pretendan negar, corregir o modificar quién es.

En un contexto europeo marcado por el incremento de los discursos de odio y los ataques contra los derechos de las personas LGTBI, resulta imprescindible que las instituciones comunitarias respondan con instrumentos jurídicos eficaces que garanticen una protección homogénea en todos los Estados miembros y que eviten que existan territorios donde estas prácticas continúen produciéndose con impunidad.

Por ello, UGT insta a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea a impulsar una legislación de obligado cumplimiento que prohíba expresamente las prácticas de conversión, establezca mecanismos de prevención, protección y reparación para las víctimas, y contemple sanciones efectivas para quienes las promuevan o las lleven a cabo.

UGT seguirá defendiendo una Europa comprometida con los derechos humanos, donde ninguna persona tenga que sufrir violencia por su orientación sexual, identidad o expresión de género.