​El Secretario de Internacional de UGT, Jesús Gallego, ha demandado el compromiso de todos, incluido el Gobierno español, para exigir que se “respeten los derechos de los trabajadores y trabajadoras del Sáhara Occidental” y ha afirmado que es una cuestión de justicia”.

Gallego que ha hecho estas declaraciones en la sesión informativa desarrollada esta semana sobre “Sindicalismo y Sáhara Occidental”, en la sede del Parlamento Europeo, ha señalado que estas sesiones además de informativas deben ser reivindicativas y ha recordado que desde que España abandonó el Sáhara Occidental, a principios de 1976 y Marruecos ocupó el territorio, se han incumplido distintos convenios internacionales y el propio derecho internacional.

Desde esa fecha, los trabajadores de las empresas españolas que operaban en el Sáhara han sufrido distinta suerte, pero especialmente grave es la de los trabajadores saharauis con documento de identidad española, los más afectados por la discriminación laboral y social. Una realidad ante la que no podemos permanecer ajenos.

Gallego ha ratificado el compromiso de UGT y CCOO “no solo con la causa saharaui, sino con la justicia” y ha recordado los distintos actos de apoyo y acciones en favor del pueblo saharaui. Uno de las acciones más destacadas fue la del año 2003, en colaboración con la UGTsario, para tener conocimiento de las Hojas de Vida Laboral de estos trabajadores (de forma individual), al objeto de establecer mediante resolución de la Seguridad Social un criterio sobre los derechos generados por estos trabajadores y encontrar, de forma negociada con la Administración, distintas compensaciones de jubilación, prestación de supervivencia o de invalidez, en su caso.

Pese a los obstáculos, los sindicatos, cn el apoyo de los grupos parlamentarios, conseguimos impulsar la ley 27/2001 sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social, que recoge una disposición adicional específica sobre el personal saharaui en empresas españolas antes de la retirada del Sáhara Occidental.

En dicha ley se recoge la obligación de que “El Gobierno, en el plazo de dos meses, presentara a la Comisión de Trabajo e Inmigración un informe que recoja una relación de las personas saharauis que trabajaban en empresas españolas el 26 de febrero de 1976, momento en el que el Estado se retiró del Sahara Occidental. Aparte de las personas trabajadoras afectadas, este informe incluirá el coste, su fórmula de articulación y los plazos”.

Sin embargo, el cambio de Gobierno tras las elecciones del 20 de noviembre de 2011, en las que el PP ganó con mayoría absoluta, paralizó esta ley y, pese a las demandas sindicales, no se ha resuelto nada en esta materia.

Asimismo, se han desarrollado distintas Conferencias de carácter internacional en defensa de los derechos laborales y sociales en el Sáhara y los sindicatos españoles hemos promovido la causa saharaui en la Confederación Sindical Internacional (CSI).

Aunque UGTSARIO ha solicitado su afiliación a la CSI, pues actualmente goza de un estatuto de observadores, aún no ha sido posible y desde UGT nos gustaría que este asunto se resolviera cuanto antes para mejorar la lucha en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del Sáhara.

Tampoco han faltado expresiones civiles, políticas y ciudadanas en solidaridad con el pueblo saharaui, movilizaciones de distinta índole en las que las organizaciones sindicales de España hemos participado activamente.