​La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha exigido "una financiación suficiente y consolidada para el sistema de Seguridad Social" como uno de los objetivos de la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso y del proceso de diálogo social que "se tiene que desarrollar de manera inmediata".

"No resultaría admisible que el proceso acabase sin una financiación finalista y totalmente formalizada", ha afirmado Barrera durante su intervención en la jornada sobre el futuro de las pensiones en Zamora, donde ha reclamado "restablecer el equilibrio financiero de la Seguridad Social, que presenta un considerable desajuste entre ingresos y gastos, no por exceso de gasto, sino por el hundimiento de los ingresos".

La situación actual del sistema "no es por culpa de la crisis, como argumento el Gobierno, sino por el mal funcionamiento del mercado de trabajo, la reforma laboral de 2012, una determinada política económica que han hundido cada vez más los ingresos por cotizaciones y, desde 2012, la caída profunda y continuada de las prestaciones por desempleo".

Por ello, ha reclamado "un cambio en la regulación del mercado de trabajo, con el fin de crear empleos de calidad y con derechos; renunciar ya a las políticas de austeridad; acabar con la política de devaluación de salarios y aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores; y reformar y ampliar la protección por desempleo".

"Solo así, y complementando además los ingresos por cotizaciones con ingresos provenientes de los impuestos, podremos restablecer el equilibrio financiero de la Seguridad Social", ha considerado.

Mari Carmen Barrera ha demandado una solución de manera urgente. "Las entradas migratorias y las políticas de natalidad requieren debates y una toma en consideración por el conjunto de fuerzas políticas y sociales con la perspectiva de mantener suficientes recursos para sostener una sociedad en progreso y avance social".

La reforma de 2013 impide que las pensiones ganen poder adquisitivo

"La reforma de 2013 configura un sistema dirigido a impedir que aumente el gasto en pensiones frente al incremento del número de pensionistas. Una reforma que rebaja considerablemente el gasto en pensiones y redistribuye la renta contra los pensionistas, produciendo, en un futuro próximo, que la relación media entre la pensión y el último salario caiga desde cerca del 80% a menos del 50%, con el consiguiente empobrecimiento de los pensionistas en relación a los precedentes; y que 15 millones de pensionistas reciban la misma porción de la renta nacional que los nueve millones actuales", ha afirmado. 

Ante esta realidad, el Gobierno "se muestra pasivo en las mesas de negociación. No se está produciendo diálogo social, porque el Ejecutivo tiene suspendidos todos los procedimientos formales de participación. No hace caso ni a los sindicatos ni a los pensionistas de este país, que este mes marcharon por todo el país reclamando una revalorización de las pensiones y la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, y que confluyeron en Madrid el 9 de octubre en una manifestación en la que participaron más de 50.000 personas". 

Por todo ello, Mari Carmen Barrera ha pedido el apoyo de los grupos políticos para "derogar la reforma de 2013, que empobrece más y más a nuestros pensionistas", y al Gobierno le ha reclamado "mayor celeridad y predisposición en la mesa de negociación para revalorizar las pensiones en base a la evolución de los precios, con el fin de que los pensionistas de nuestro país no sigan perdiendo poder adquisitivo; y asegurar las fuentes de financiación de nuestro sistema de Seguridad Social, con el fin de garantizar a futuro un sistema viable y digno".