La dirección de Vodafone/ONO ha comunicado a los representantes de los trabajadores de ambas empresas la apertura de un proceso de regulación de empleo que afectará a 1.300 compañeros –es decir, 1.300 familias– para el próximo 1 de septiembre. Dicha comunicación confirma las diferentes noticias que, interesadamente, se han ido filtrando durante las últimas semanas.

Desde UGT, conforme a lo expresado en otras ocasiones, rechazamos que, una vez más, el instrumento para hacer una compañía competitiva sea la destrucción de empleo, renunciando a la búsqueda de fórmulas alternativas en el ámbito organizativo y de recursos.

Cómo organización sindical mayoritaria en estas empresas y en el sector de comunicaciones, no aceptaremos una destrucción de empleo que afecta al 20% de las plantillas. Es necesario, por tanto, buscar un acuerdo donde prevalezcan medidas que reduzcan significativamente el impacto en el empleo así como la recolocación de los afectados. Además, en el proceso de negociación exigiremos que se incluya un acuerdo para la mejora de las condiciones laborales y sociales de los compañeros y compañeras que permanezcan en las empresas.

Rogamos un esfuerzo a la compañía para que en un contexto económico y social como el que vive nuestro país, con una frágil recuperación económica y una tímida mejora de las cifras de creación de empleo que consolidan un modelo basado en la precarización del mismo, Vodafone/ ONO opten por fórmulas de ajuste más innovadoras que hagan competitiva la compañía sin sacrificar capital humano y protejan el escaso empleo estable y de calidad que aún existe.  

Por último, UGT quiere denunciar que la compra y absorción de empresas, derivadas de un modelo regulatorio mal diseñado y basado en la reducción de precios y la eliminación de empleos estables y con derechos, no puede revelarse como la estrategia para consolidar un sector productivo como este. 

Nos preocupa que un nuevo expediente de regulación de empleo apuntale una estrategia –común a todas las operadoras del país– basada en los despidos, el mercadeo laboral, la precarización, la subcontratación y la desregularización para competir en un mercado regido exclusivamente por criterios economicistas y dramáticamente antisociales.