La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT-FICA) ha rechazado hoy los planes anunciados por la Dirección de Siemens Gamesa, que plantea un total de 408 despidos, de los que 341 se llevarían a cabo en el ejercicio fiscal actual y los 67 despidos restantes, en los próximos ejercicios. En los datos facilitados a los sindicatos no se ha incluido ninguna fábrica.

UGT-FICA considera que los trabajadores procedentes de Gamesa vienen sufriendo desde el año 2012 distintas reestructuraciones, tanto corporativas como operativas, y que pese a ello, vuelven a estar en el punto de mira de los planes de ajuste de la nueva Dirección a pesar de que en su día, ésta aseguró que la fusión no afectaría al empleo y se comprometió a mantener su estabilidad y, en caso de que se llevara a cabo algún ajuste puntual, a que éste se llevaría a efecto a través de medidas negociadas con los sindicatos y de carácter no traumático.

En la reunión mantenido hoy con la Dirección, UGT-FICA ha recordado este compromiso y ha insistido en que, en caso de que se produzca algún ajuste de personal, éste sea negociado y, en todo caso, se lleve a cabo de forma no traumática, mediante bajas voluntarias espaciadas en el tiempo y prejubilaciones a tres años a partir de los 55 años de edad.

Paralelamente, la Federación ha reclamado a la empresa información adicional con relación al criterio de afectación que ha utilizado a la hora de cuantificar los despidos, a fin de revisar la situación de los colectivos más vulnerables y el procedimiento por el cual Siemens Gamesa tiene la obligación de enviar el detalle de afectados por país al Comité de Empresa Europeo del Grupo Siemens. UGT-FICA entiende que se trata de una compañía española que cotiza en el Ibex 35 cuya representación legal no está vinculada al Comité Europeo. Por ello la Federación ha puesto en manos de su departamento jurídico el prodecimiento seguido por la Dirección dado que consideramos que la primera en disponer de la información sobre la afectación en nuestro país de las medidas de reestructuración debería haber sido la representación española y que, al no haberse producido así, se habría vulnerado presuntamente el derecho a la información que establece la ley española.