​La situación política de nuestro país va a impedir al Gobierno en funciones presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2017. Sí será posible aprobar un Decreto Ley para actualizar salarios públicos y pensiones.  UGT ha calificado de irrenunciable este Decreto: Ni pensionistas ni funcionarios  merecen ser las víctimas indefinidas de las crisis económicas o las parálisis políticas.

UGT pide al Gobierno interino que convoque a los sindicatos representativos de la Administración General de Estado para negociar los contenidos de este Real Decreto. Es necesario aprobar una Oferta Pública de Empleo que apunte a  la recuperación de los más de 170.000 empleos públicos que se han destruido desde 2011. La OPE para el año 2017 debería servir para convocar todas aquellas plazas estructurales vacantes  en la actualidad, y todas aquellas plazas ocupadas por personal interino, inicialmente coyunturales, pero que el paso de los años pone en evidencia su carácter estructural.

Como ha reivindicado UGT en más de una ocasión, las retribuciones para el año 2017 de todo el personal al servicio del sector público deberían experimentar un incremento en relación con las vigentes durante el presente año, en coherencia con las previsiones de crecimiento del PIB elaborado por el Gobierno que lo estima, aproximadamente, en un 3%.

El presidente interino ha eludido explicar a la ciudadanía por qué nuestro país tiene la mayor deuda pública de la Historia tras una legislatura marcada por los más duros recortes sociales de la democracia. Al mismo tiempo, el futuro Gobierno del país tendrá que afrontar un recorte dictado por Bruselas que podría ascender a los 20.000 millones de euros. Desde UGT lanzamos al futuro Gobierno el reto de fortalecer nuestro Estado de Bienestar, dignificando los servicios públicos y a sus trabajadores.

Tenemos pendiente un pacto por la educación, la sanidad y  la justicia. Es necesario un plan de recursos humanos en la Administración General del Estado que empiece a solucionar el imparable envejecimiento de la plantilla debido a la amortización de plazas. Es imprescindible activar la Ley de Dependencia y fortalecer los servicios sociales que prestan ayuntamientos y diputaciones.

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