​La Unión General de Trabajadores ha demandado por carta a los miembros del Parlamento Europeo que no den su consentimiento a la propuesta de la decisión del Consejo de Europa de aprobar el Acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Canadá (CETA).

El próximo 15 de febrero, los europarlamentarios votarán la aprobación o revocación de este acuerdo, que para el sindicato aún es insuficiente. En este sentido, los intentos de alcanzar mejoras usando el instrumento interpretativo conjunto y las 38 declaraciones unilaterales del Consejo, de la Comisión y de los Estados miembros no cambian el contenido del acuerdo.

Para UGT, aún hay áreas que necesitan ser mejoradas, como el hecho de que en los Estados democráticos constitucionales no se requieren derechos especiales para los inversores privados, por lo que no es necesario establecer un tribunal de inversión especial; que los servicios públicos deberían ser definidos de manera más amplia y quedar lo suficientemente protegidos ante los mercados mediante una cláusula específica; o la necesidad de descartar que los estándares sociales, laborales y medioambientales puedan ser interpretados como barreras al comercio.

Además, debe haber un mecanismo de sanciones legales que castigue las infracciones de la legislación laboral y medioambiental; y que se garantice el principio de precaución europeo, que no está especificado ni en el texto del acuerdo ni en la explicación adicional.

Para UGT, el CETA aún no está listo para su aprobación. El sindicato apoya las relaciones comerciales que se lleven a cabo en condiciones de igualdad, democracia y justicia, pero esto no sucede con este acuerdo, cuyo objetivo es lograr la desregulación sin excepciones.

UGT aboga por un comercio justo que no solo sirva a los intereses de las grandes corporaciones y a los esfuerzos de liberalización de la Comisión Europea, sino que también beneficie a trabajadoras y trabajadores y a consumidoras y consumidores. Por ello, reclama a los europarlamentarios que rechacen este acuerdo que no asegura ni las condiciones del empleo, ni los derechos de los trabajadores, ni la protección de las inversiones ni los servicios públicos, entre otras cuestiones.