La siempre latente tensión entre India y Pakistán se ha recrudecido de manera extremadamente preocupante tras los recientes ataques del primer país al segundo y que se ha saldado con la vida de al menos 26 personas y la posterior respuesta paquistaní derribando 25 drones indios, en los que supone la mayor escalada militar en la región en los últimos 20 años y un episodio más de una realidad mundial en la que la guerra se está imponiendo a la diplomacia. Hasta ahora, el siempre vivo conflicto político indo-pakistaní ha sufrido momentos de repunte en el que se producían pequeños enfrentamientos. La situación actual y declaraciones cruzadas entre ambos países, tratándose de dos potencias nucleares, hacen que los hechos de los últimos días deban ser recibidos con alerta y preocupación por la comunidad internacional.

Este enfrentamiento bebe de disputas territoriales (especialmente en la región de Cachemira), no solo políticas, sino también étnicas y religiosas, en la que la mayoría secular hindú de la India vive en un Estado cada vez más radicalizado en su confesionalidad desde la llegada de Narendra Modi al poder. Por su parte, Pakistán se fundó como un Estado islámico. Hablar de persecución a minorías en cualquiera de los países debe hacerse desde el conocimiento que la persecución a una “minoría musulmana” del 15% de la población consiste en hacerlo a más de 200 millones de personas en el caso de India.

Modi, líder de la extrema derecha india, ha visto cómo su discurso ultranacionalista y excluyente le afianza en el poder para llevar a cabo su política ultraliberal y antisindical que, pese a proclamar crecimiento rápido, sólo está aumentando la desigualdad. Como en muchos otros casos de política neofascista, la población musulmana ha sido criminalizada desde el poder y está siendo fuertemente reprimida, poniéndose fin a los estatutos especiales de Cachemira y Jammu, regiones en disputa con Pakistán. La desconfianza mutua hace que el conflicto escale. Habida cuenta de las más de 170 ojivas nucleares que ambos países tienen, la tensión en la región no concierne no solo a Pakistán y a India, sino a todo el mundo.

Los dos países se encuentran en la quinta calificación del Índice de Derechos Humanos de la Confederación Sindical Internacional (CSI), lo que significa que en ambos países los derechos laborales más mínimos no están garantizados. Nos encontramos pues ante un triste caso más en el que las y los trabajadores se convierten en dobles víctimas de sus dirigentes políticos: indios y paquistaníes comparten condiciones laborales precarias y un presente muy desalentador; unas similitudes mucho mayores que las diferencias territoriales o idiomáticas que las elites político-económicas se empeñan en señalar.

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) hace un llamado al diálogo y la paz, a la lucha contra discursos ultra religiosos y nacionalistas, y se compromete a trabajar con la CSI para que a través del liderazgo de las principales fuerzas sindicales pakistanís e indias se abogue por la diplomacia bajo la orientación de sus movimientos sindicales.