​La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT acudió a la constitución de la Comisión Negociadora del IV Convenio Único del personal laboral de la Administración General del Estado, celebrada ayer, 14 de enero, con unos objetivos fundamentales: establecer salarios dignos y recuperar empleo y derechos  laborales para este colectivo de trabajadores. UGT y CCOO denunciaron el Convenio el pasado 15 de diciembre y ayer iniciaron el proceso negociador, dentro del plazo máximo de un mes que establece el artículo 89.2 del Estatuto de los Trabajadores.

Administración y sindicatos mantendrán una reunión en la última semana de enero para establecer un plan de negociación y un calendario de trabajo que permita avanzar en el proceso con fluidez y rigor.

Carlos Álvarez, secretario de Administración General del Estado de FSP-UGT, señalado que UGT no renunciará a obtener unos salarios dignos y unas condiciones de trabajo justas y equitativas para todo el ámbito del Convenio, a pesar de la dificultad que entraña la negociación de un convenio con un ámbito personal y territorial tan diverso y disperso –el Convenio Único de la Administración General del Estado da cobertura a casi 50.000 trabajadores de todo el Estado-.

En materia retributiva, los representantes de los trabajadores de UGT y CCOO han establecido un punto de partida: la recuperación de las tablas retributivas vigentes en mayo de 2010. Se trata de comenzar con un 5% de incremento salarial y, partir de esas tablas retributivas, el incremento anual debe ser, como mínimo, homogéneo con el pactado con la patronal privada en AENC, fijando un mínimo de 1.200 € por mes. Además se trabajará para incluir cláusulas que garanticen el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios.

También es primordial establecer, de manera homogénea, objetiva y completa, el marco de las retribuciones complementarias. Esto significa, entre otras cuestiones, definir y cuantificar el complemento de carrera profesional, eliminar los obstáculos a las reclamaciones judiciales sobre complementos o mejora de la regulación de la turnicidad y la nocturnidad y compensar las horas extraordinarias según la opción que elija la propia persona trabajadora. También se planteará la posibilidad de establecer otros complementos como jornada tarde, alertas, domingos y festivos, algunos pendientes aún del III Convenio.

En materia de Clasificación Profesional. Los representantes de los trabajadores piden la integración de grupos profesionales conforme al Estatuto Básico del Empleados Públicos (EBEP) y Marco español de cualificaciones para la educación superior (MECES). Esto supone tanto la creación para personal laboral de un grupo profesional equivalente al B de los funcionarios, recogido en el EBEP, como la reclasificación de los grupos según titulaciones de acceso y funciones.

También pide la determinación de funciones de los puestos de trabajo y asignación de especialidades (incluyendo integración no regladas).

El sindicato también pedirá la jornada laboral ordinaria de 35 horas, la mejora de los permisos relacionados con conciliación y formación; la implantación de la jubilación parcial y analizar la aplicación de otro tipo de jubilaciones anticipadas; IT hasta el 100% de las retribuciones; fomentar la movilidad voluntaria y la promoción interna y garantizar la estabilidad en el empleo, mediante el derecho a la inamovilidad en la condición de empleada o empleado público.