Desde el ataque militar estadounidense a Venezuela el pasado 3 de enero, la Administración Trump ha aumentado sus presiones contra la República de Cuba. El pasado 29 de enero se firmaba una orden ejecutiva que declara una emergencia nacional en virtud de la cual el Gobierno de Estados Unidos puede imponer aranceles comerciales a las importaciones de productos provenientes de países que suministren petróleo a Cuba.

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) expresa su rotundo rechazo ante estas nuevas amenazas contra el pueblo de Cuba y su clase trabajadora, que en última instancia es la que paga las consecuencias de un nuevo intento de desestabilización de la región.

La orden no sólo incide en el histórico embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba en 1960, considerado como un acto unilateral contrario al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas y que ha llevado a la Asamblea General de la ONU en reiteradas ocasiones a exigir que se ponga fin a este. A esta situación se suman ahora medidas coercitivas contra terceros países que quieran comerciar con un Estado independiente.

Declarar la emergencia nacional argumentando que una isla de menos de diez millones de habitantes es una amenaza contra un país de casi 350 millones resulta tan increíble como irrisorio. Y el ejemplo de Venezuela, donde el que los recursos naturales del país cayesen bajo control norteamericano ha sido la prioridad más destacada por Trump desde el primer momento, hace que las justificaciones sobre la “liberación” de Cuba resulten igualmente grotescas.

En un momento en el que la Administración ultraconservadora de Trump rompe a voluntad con la legalidad internacional y el multilateralismo, las coerciones contra Cuba refuerzan la idea de que la soberanía nacional de cualquier país puede ser puesta en jaque con argumentos falaces que encubren intereses nada nobles.

Cuba, Venezuela, Dinamarca y Groenlandia, Colombia, Brasil o el conjunto de la Unión Europea han visto ya cómo las amenazas de Trump se sustancian en acciones contra los intereses de la clase trabajadora porque -conviene recordar- que el uso de los aranceles comerciales -por no hablar del uso de la fuerza militar- afecta profundamente a la economía, el empleo y el bienestar del conjunto de la población de los Estados. Buen ejemplo de ello ha sido la también estadounidense Ley Helms-Burton y su efecto sobre compañías españolas (especialmente en el sector turístico y financiero) inversoras en Cuba.

UGT se solidariza con el pueblo de cuba y con su clase trabajadora afiliada en la CTC, y exige que, más allá de que pare de inmediato la condena en términos humanitarios a la que EEUU expone a la población cubana, esta nueva vuelta de tuerca del conservadurismo estadounidense a la soberanía de terceros Estados sea ser frenada por mecanismos democráticos y solidarios, coaligando una acción de países latinoamericanos, europeos y asiáticos que busquen una fórmula que permita suministrar energéticamente a Cuba evitando el colapso de la isla.