La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) valora con preocupación el escenario político que se consolida en Ecuador tras las elecciones celebradas el pasado domingo, marcadas por una profunda polarización social, la militarización del país y la creciente restricción de los derechos fundamentales. En este contexto, UGT reitera su firme solidaridad con el movimiento sindical ecuatoriano y la defensa de los derechos humanos y laborales en todo el mundo.

Desde su llegada al poder, el Ejecutivo de Noboa ha impulsado una política de represión del conflicto social, recurriendo al Estado de Excepción, la militarización de las calles y la criminalización de la protesta. Esta estrategia, lejos de resolver los problemas de fondo que atraviesa el país, ha servido para justificar la vulneración sistemática de derechos fundamentales, entre ellos los derechos laborales y sindicales.

Ecuador ha sido clasificado en el Índice Global de los Derechos de 2024 de la Confederación Sindical Internacional (CSI) como uno de los diez peores países del mundo para la clase trabajadora, lo que refleja una ausencia grave de garantías en materia de libertad sindical, derecho de huelga y negociación colectiva. El informe señala con especial preocupación las detenciones arbitrarias, la represión de protestas y la violencia ejercida contra sindicalistas, hechos incompatibles con cualquier sistema democrático que aspire a proteger a su clase trabajadora.

La CSI ha denunciado públicamente la deriva autoritaria que atraviesa el país y ha recordado que los derechos laborales no pueden ser sacrificados bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en contextos de emergencia. La falta de diálogo social, el debilitamiento de los sindicatos y la criminalización de la protesta suponen un ataque directo a los pilares de la democracia y a la dignidad de las trabajadoras y los trabajadores.

En este contexto electoral, cabe destacar las acusaciones por parte de la oposición, liderada por Luisa González, así como por parte de diversas organizaciones como la CELAC Social de fraude electoral. Estas acusaciones se producen en un contexto en el que las encuestas situaban a ambos candidatos en “empate técnico” desde la celebración de la primera vuelta de las elecciones presidenciales el pasado mes de febrero.

A la espera de la certificación de resultados por parte de todos los organismos involucrados en el proceso electoral, UGT insiste en la necesidad urgente de que el nuevo Gobierno encabezado por Daniel Noboa garantice el respeto pleno a los convenios fundamentales de la OIT, restablezca canales de diálogo con las organizaciones sindicales y ponga fin a la represión y criminalización de la protesta social.

UGT quiere también subrayar el papel crucial que ha desempeñado el voto en el exterior, especialmente el de la comunidad ecuatoriana residente en España. Con más de 400.000 personas originarias de Ecuador viviendo en nuestro país, su participación en las elecciones representa no solo un ejercicio democrático, sino una manifestación clara del compromiso político y cívico de una diáspora que continúa siendo parte activa de la vida social y política de su país de origen. Las y los trabajadores migrantes, muchas veces expuestos a condiciones precarias, también merecen ser escuchados y protegidos.

UGT continuará colaborando con las organizaciones sindicales hermanas de Ecuador y de América Latina para denunciar las violaciones de derechos y promover un modelo de desarrollo justo, democrático y sostenible, donde el respeto a los derechos laborales y humanos sea una prioridad y no una excepción.