​La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha reclamado a Cristobal Montoro, ministro de Hacienda, que convoque la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas para abordar cuestiones esenciales de las condiciones laborales de los empleados públicos en paralelo a la tramitación parlamentaria de los presupuestos para 2016, tal como se comprometió.

Los empleados públicos no se resignan a sus perder derechos laborales por los recortes impuestos por el Gobierno. Las medidas adoptadas hasta ahora no saldan la deuda que el Gobierno mantiene con ellos: recortó sus derechos con carácter general y ahora sólo los reintegra a una parte mínima de los trabajadores.

En este sentido, UGT ha reclamado que se extienda, a todos los empleados públicos, mediante una enmienda en el proyecto de presupuestos,  las medidas que han anunciado para los trabajadores de la Administración General del Estado.

UGT ha expuesto, además, otros aspectos esenciales que deben tratarse en la negociación colectiva. Entre ellos, la devolución de todos los días adicionales por antigüedad: vacaciones y asuntos propios, con carácter básico y automático para el conjunto de los empleados públicos pues, de lo contrario, queda a la voluntad de cada Administración.

El sindicato entiende que si se quitó a todos en su conjunto, se debe devolver a todos, también en su conjunto.

Además, UGT ha anunciado que, entre sus objetivos de negociación, está recuperar la anterior regulación de jornada: de máximos, con posibilidad de negociación, recuperando la senda de las 35 horas, que ya existía en muchos ámbitos; concretar, con carácter urgente, el desarrollo de la carrera profesional y nuevos mecanismos de promoción, provisión y movilidad voluntaria dentro de las Administraciones es otro de los puntos que UGT considera imprescindibles para lograr unas relaciones laborales modernas y democráticas dentro de los servicios públicos.

Otros aspectos fundamentales son derogar la normativa que impide la complementación del salario en situación de Incapacidad temporal, que culpabiliza al trabajador enfermo; recuperar, al menos, el 1% de la masa salarial, para su destino a la Acción Social  e implantar políticas de igualdad y conciliación trasversales, en todos los aspectos relacionados con la negociación colectiva y las condiciones de trabajo de los empleados públicos.

UGT también ha pedido la derogación de los artículos 38.10 y 32, párrafo 2º, del Estatuto Básico del Empleado Público, sobre la limitación de la Negociación Colectiva, que tal como han reconocido organismos internacionales como la OIT y el Comité Europeo de Derechos Sociales supone una interpretación restrictiva del derecho a la Negociación Colectiva en el ámbito de las Administraciones.