​La Unión General de Trabajadores expresa su consternación por el asesinato de la activista socialista brasileña Marielle Franco y exige a las autoridades brasileñas que activen la investigación sobre el caso, así como protección especial para los y las activistas sociales en el país.

La noche del pasado 14 de marzo, la concejala del Partido Socialismo y Libertad, Marielle Franco, fue asesinada de cuatro tiros en la cabeza en el centro de Río de Janeiro. Marielle era activista contra la violencia policial en Río y famosa por su compromiso con las mujeres y contra la criminalización de la población más pobre de Brasil.

Aunque se desconoce quiénes fueron los autores materiales del asesinato de Marielle Franco y de una persona que la acompañaba, varias fuentes sindicales y políticas coinciden en que "el hecho de que cuatro de los nueve disparos producidos se dirigieran a la cabeza de Marielle, así como el de que las marcas de los disparos se concentraran en la parte posterior del vehículo en el que viajaba, indican predeterminación y voluntad de ejecutar a la activista".

En una nota del grupo brasileño "Tortura nunca más", se indica que el asesinato de Marielle "es la primera ejecución política de la intervención militar en el estado de Río de Janeiro", y entienden la ejecución como muestra de que "el país está en Estado de Excepción en el que las fuerzas fascistas están avanzando (…) Este crimen busca silenciarnos". Por su parte, la Organización de Naciones Unidas ha manifestado su consternación por el asesinato y pide rigor y diligencia.

UGT, que en estos días participa en el Foro Social Mundial que se celebra en Brasil, se manifestó el día 15 de marzo junto con otras organizaciones y partidos políticos de izquierda para exigir que se aclaren las circunstancias del asesinato de la compañera Franco y exigir a las autoridades competentes justicia, el cese del hostigamiento político y policial a la población más desfavorecida, así como a la población negra en Brasil. España es miembro Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y, en este sentido, el Gobierno de Mariano Rajoy debe exigir que cese de inmediato la cada vez más extendida criminalización de las personas que luchan por los Derechos Humanos en Brasil, y se de protección personal, jurídica y política a aquéllas.

UGT ha venido participando en diversos actos y actividades de apoyo a la democracia en Brasil, y sigue constando el deterioro político y social de la gran nación americana, en el que el gobierno de Témer, resultado del golpe institucional contra la presidenta electa Dilma Rousseff, ha demostrado no sólo voluntad de deshacer los avances sociales, laborales, económicos y democráticos del país, sino que sigue generando un peligroso clima político y social en el que la ultraderecha se muestra peligrosamente activa contra las clases más desfavorecidas y las personas que en el país están luchando por los Derechos Humanos y la igualdad social.