Continúa en el texto diciendo que "según el atestado de la UCO, se trataba de una importantísima fuente de financiación proveniente de fondos públicos dedicados a formación profesional, en detrimento de la calidad de dicha formación".

 

Desde UGT queremos aclarar que según la Orden del 23 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la ordenación de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas y otros procedimientos, hasta el 20% de la cuantía de la subvención se pueden imputar a gastos directos y asociados.

 

Como gastos directos entran, según dicha ley, todos los costes imputables a los formadores en el ejercicio de las actividades de preparación, impartición, tutoría y evaluación a los participantes de las acciones formativas, entre otros.

 

En cuanto a gastos asociados, se entiende los costes de personal, la luz, el agua, calefacción, limpieza, vigilancia etc. Según dicha ley, "la suma de los costes asociados no podrá superar el 20% de los costes de la actividad formativa".

 

Una vez explicada dicha ley, y ante la desinformación manifiesta mostrada por la información que publica hoy ABC, queda patente que ese 20% de la subvención se podía dedicar de forma legal a dichos cometidos, por lo que no vamos a permitir que se afirme que es una financiación irregular, como presupone dicho diario, sino una justificación de gastos porque así lo permite la ley. Es por ello por lo que exigimos al periódico ABC que rectifique dicha noticia, ya que falta a la verdad.

Desde UGT Andalucía respetamos profundamente al proceso judicial. En el momento que se conozca el contenido del sumario, el sindicato tomará las medidas legales que entienda oportunas y las hará públicas.