La Unión General de Trabajadores considera que la comparecencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, fue imprecisa y poco respetuosa con los pensionistas porque ofreció datos que favorecían al Gobierno pero carecían del rigor y la seriedad exigibles en sede parlamentaria. 

La Ministra defendió que, en los últimos diez años, entre 2007 y 2017, las pensiones han mantenido su poder adquisitivo con una ganancia, según sus cálculos, del 0,03%. Y, a continuación, subrayó que desde la aplicación del índice de revalorización de pensiones (IRP) la pérdida de poder adquisitivo sólo ha sido de una décima.

Independientemente de que la primera parte del periodo de esos cálculos no es atribuible a la gestión de su Gobierno y que corresponde incluso a un marco normativo diferente al aprobado por el Partido Popular en 2013, es necesario señalar que tales declaraciones sobre etapas pasadas no pueden ocultar la actual pérdida de poder adquisitivo que están padeciendo las pensiones.

Una pérdida que se remonta ya a dos ejercicios y, lo que es más grave, que se producirá también, según absolutamente todas las previsiones (incluidas las del propio cuadro macroeconómico del Gobierno), este año 2018.

Y finalmente, lo que resulta absolutamente inaceptable desde el respeto a los millones de pensionistas presentes y futuros, una pérdida que se producirá según han corroborado incluso los organismos internacionales durante al menos los próximos veinte años, empobreciendo de forma progresiva y acumulada a todos y cada uno de los pensionistas de la actual y de las próximas generaciones.

Estos terribles datos y esta realidad derivada de la reforma de pensiones que aprobó el Partido Popular en 2013 no pueden, en modo alguno, ser ocultados apelando a los datos del pasado.

Fátima Báñez afirmó además que el déficit de la Seguridad Social "vuelve al camino del equilibrio en 2018" y que "2017 ha marcado "un punto de inflexión" hacia el equilibrio financiero". Unas declaraciones que carecen por completo del más mínimo rigor.

En 2017 no se va reducir el saldo negativo de la Seguridad Social, y si esto ocurriera no sería más que de forma marginal y como respuesta a un impulso temporal que no podrá mantenerse en el tiempo. De hecho, de acuerdo con nuestros cálculos, incluso puede que cuando se cierren las cuentas el desequilibrio sea mayor que en 2016 porque aunque el crecimiento de las cotizaciones fuera en porcentaje algo mayor que el de los gastos, las cifras de estos son mucho mayores que las de los ingresos.

Igualmente hay que señalar que no se está en camino del equilibrio porque este equilibrio solo se alcanzará si se cumplen dos condiciones: la derogación de la reforma laboral y que se establezcan ingresos por impuestos. De otra forma, diga lo que diga la ministra, resultará imposible, ya que el aumento del número de pensionistas se acelerará y será permanentemente creciente durante los próximos veinte años, y los ingresos nunca alcanzarán a los gastos si no se toman esas dos medidas.

Asimismo, es preciso decir que las manifestaciones de la ministra de Empleo y Seguridad Social señalando que la situación financiera de la Seguridad Social mejora porque en 2017 se va a reducir el déficit de la Seguridad Social en porcentaje del PIB adolecen de falta de rigor y seriedad ya que se pretende defender que bajará porque crece el PIB y no porque se reduzca ese déficit. En modo alguno esto puede considerarse una mejora de la situación financiera de la Seguridad Social.

Es deseable y exigible rigor y sinceridad a los responsables públicos a la hora de hablar de las pensiones. Lo merecen los pensionistas actuales, lo merecen los futuros pensionistas que hoy están cotizando, y lo merece el conjunto de la sociedad.

En este sentido, UGT vuelve a insistir en que, lo mejor, en lugar de pretender esconder la realidad es adoptar las medidas que el sindicato viene defendiendo:

• Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones con subidas iguales al IPC, desechando el mísero 0,25% que los pensionistas consideran injusto e inaceptable.
  
• Asegurar la situación financiera de la Seguridad Social evitando que esta pague lo que no debe y permitiendo que cobre lo que debe.
  
• ​Asegurar el sostenimiento futuro de las pensiones con empleo, pero de calidad, no con empleo basura, derogando la reforma laboral de 2012, y con ingresos que procedan de impuestos como expresión de solidaridad con las generaciones de pensionistas que vienen, de la misma forma que ellas lo fueron con las anteriores.