​La Unión General de Trabajadores exige la inmediata devolución de todo el dinero recaudado de forma fraudulenta por los gobiernos de Cataluña y Madrid tras la implantación del euro por receta en el mes de junio de 2012.

En el día de ayer el Tribunal Constitucional ya manifestó la inconstitucionalidad de esta medida en Cataluña, que recaudó 45,7 millones directamente de los bolsillos de la población de esa región, y tiene pendiente de resolución su aplicación en la Comunidad de Madrid.

Para la organización, ambos gobiernos implantaron esta medida con un claro afán recaudatorio a sabiendas de que suponían una manifiesta vulneración de los derechos de la ciudadanía, más aún cuando el Consejo de Estado ya emitió un dictamen manifestando que atentaba contra el artículo 149 de la Constitución.

Por ello, exige que no se pongan trabas administrativas para la devolución de cada euro robado a la población de nuestro país, que se une al repago y el “medicamentazo” implantados por el Gobierno central en 2013 y que no hace sino consolidar un modelo de Sanidad regresivo que supone pagar dos veces por un servicio público, una vía impuestos directos y otra cuando necesiten hacer uso de cualquier prestación sanitaria.

Además, la Unión General de Trabajadores exige al Ejecutivo la devolución inmediata de todo el dinero recaudado por la implantación del céntimo sanitario, una medida que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló también al declararla contraria al derecho de la Unión por, entre otras cuestiones, no cumplir el principal requisito para este tipo de gravamen: perseguir una finalidad específica.

Para el sindicato, resulta intolerable que el Ejecutivo presente un modelo de consolidación fiscal basado en defraudar constantemente a la ciudadanía, aplicando impuestos inconstitucionales que se utilizan para financiar otras competencias en lugar de las sanitarias.

Impuestos injustos que se cobran de forma decidida pero para su devolución se demandan unos requisitos inasumibles para la mayoría de la población, que imposibilita, en muchos casos, la reclamación de estas cantidades.

Medidas antisociales que perjudican al conjunto de la ciudadanía y que repercuten especialmente en la disminución del poder adquisitivo de la población jubilada, una de la que más está sufriendo los efectos de la crisis en nuestro país. Además, estas políticas rompen definitivamente con el modelo del Sistema Nacional de Salud que se ha desarrollado durante los últimos 30 años, basado en su carácter de servicio público fundamental, gratis en el momento de su acceso, de calidad y universal, y dinamita la cohesión del sistema al establecer diferencias en el acceso a los medicamentos en función de la comunidad autónoma de residencia, lo que resulta intolerable para un Gobierno que se jacta de proteger a los más débiles y de favorecer la igualdad.​