UGT exige impulsar un plan que fomente la vivienda pública, la rehabilitación y el alquiler social

Fecha: 26 May 2017

​Para la Unión General de Trabajadores, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 reflejan el escaso interés del Gobierno del PP en el fomento de la vivienda pública. Con un recorte del 20% en esta materia respecto al año anterior, los objetivos que propone son irrealizables para los escasos recursos que se destinan. Para UGT, se hace necesaria una reforma legislativa que impulse un Plan de Vivienda que fomente la vivienda pública, la reducción del precio de la misma, la rehabilitación y el alquiler social. Todo ello con el fin de convertir la vivienda en un derecho subjetivo de cualquier ciudadano y no un artículo de lujo con el que poder especular.

La Unión General de Trabajadores denuncia el recorte del 20,54% de la partida en materia de vivienda de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017. Para el sindicato, esta partida es una muestra más de que, para el Gobierno del PP, las políticas de vivienda son cuestiones relegadas al fomento de la iniciativa privada, única y exclusivamente.

Unos presupuestos que generan una escasa credibilidad, ya que establece unos objetivos, relacionados con los principales ejes de la misma, que no se van a poder cumplir con los escasos recursos que se destinan. 

Para UGT, resulta imprescindible una política en esta materia que apueste por una vivienda pública, con suficiencia presupuestaria, a través de una reforma legislativa que impulse un nuevo Plan de Vivienda, con medidas como la creación de un parque público de viviendas que incorpore, entre otras, parte de los activos procedentes de la Sareb y de las viviendas provenientes de los desahucios que se encuentren en manos de las entidades financieras.

Además, este plan debe reducir el tiempo de tramitación en la concesión de vivienda o ayudas públicas, disminuir los precios de la vivienda protegida para garantizar que sus precios sean inferiores a los de la vivienda libre, y unificar a nivel nacional los requisitos y documentación exigibles en la tramitación de las acciones de los planes, sistemas de ejecución, procurando, en todo lo posible, su tramitación digital.

UGT considera que esta ley debe incorporar el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo, de manera especial ante situaciones vulnerables, invocable ante los poderes públicos y ejercitable ante los tribunales de justicia.

Para el sindicato, se hace inaplazable la modificación de la Ley Hipotecaria para trasponer los derechos que nos ofrece el ordenamiento comunitario y que hace de los ciudadanos/as nacionales, ciudadanos de segunda.

Además, UGT recuerda los efectos casi nulos del actual Plan de Vivienda 2013-2016 (prorrogado para 2017) y que ha mostrado su fracaso, ya que no se ha traducido en un incremento real del empleo en la construcción ni en la obra pública y aún menos en la construcción de viviendas de protección oficial.

Otras medidas que el sindicato propone en esta materia

- Desarrollar actuaciones de carácter estatal que propicien la constitución de Parques Públicos de Alquiler Social, de manera coordinada con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, siendo necesario la creación de un órgano administrativo coordinador a fin de maximizar y potenciar la distribución de recursos.

- Recuperación de la financiación y ayudas dedicadas a vivienda, especialmente aquellas destinadas a familias, colectivos especialmente vulnerables, personas mayores, discapacitados, inmigrantes, jóvenes, etc. Todo ello con suficiencia financiera, pues se hace necesario un esfuerzo inversor por parte del Estado que en los actuales Presupuestos no se da.

- Abordar un verdadero plan de rehabilitación desde una perspectiva estatal en materia de viviendas, edificios, barrios o zonas especialmente degradadas de nuestras ciudades, entre otras, puesto que es un ámbito de actuación especialmente intensivo en la creación de empleo (estimamos que cada vivienda puede generar tres empleos), además de ser una práctica generadora de inversión. Para UGT, es imprescindible y fundamental una estrategia pública de rehabilitación con mayor conexión entre políticas urbanísticas, vivienda y suelo, prestando especial interés en la articulación de mecanismos necesarios para dar participación a los agentes sociales en la definición de prioridades, objetivos, programas y medios para tener oportunidad de acceder a una vivienda digna.

 

Detalle del recorte de los programas
Programa 261 P.- "Urbanismo y política del suelo"

La gestión de este Programa corresponde a las Subdirecciones Generales de Urbanismo y de Políticas del Suelo. Dentro de sus actividades se encuentra, entre otras:

  • Elaborar y proponer la normativa referida a vivienda, edificación y suelo.
  • Confeccionar informes técnicos y jurídicos sobre el planeamiento urbanístico.
  • Participar en foros internaciones relacionados con políticas urbanas.
  • Colaborar con las CCAA y los Ayuntamientos en materia urbanística.

Programa 261 O.- "Ordenación y fomento de la Edificación"

A la Subdirección General de Arquitectura y Edificación le corresponde su gestión. Dentro de las finalidades que se persiguen a través del mismo, destacar:

  • La conservación, restauración y rehabilitación del patrimonio arquitectónico, histórico y social del territorio nacional.
  • Difusión de la arquitectura española, tanto en foros nacionales como internacionales.
  • Elaboración de trabajos en el ámbito de la edificación.

Programa 261 N.- "Promoción, administración y ayudas para la rehabilitación y acceso a la vivienda"

Depende su ejecución de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Constituye el 95 % sobre el total del presupuesto destinado a vivienda. En él se consolida la prórroga del Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 (RD 637/2016, de 9 de diciembre) para 2017, en el que se implementaban siete líneas de actuación: mantenimiento de las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos, ayudas al alquiler de vivienda, ayuda y fomento del parque público de viviendas en alquiler, ayudas para rehabilitar viviendas, ayudas de regeneración y renovación urbanas, ayudas para informes de evaluación de los edificios y por último, ayudas para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas.

Centrándonos en el Programa en concreto, destacar los siguientes ejes básicos del mismo:

A.- Prórroga del Plan Estatal 2013-2016 para este 2017, como ya se ha indicado, mediante el que se pretende fomentar el alquiler y la rehabilitación, renovación y regeneración urbanas a través de las siete líneas de actuación referidas.

B.- El pago, ya residual de las "Ayudas de Renta Básica de Emancipación", suprimida en el año 2011, pero que genera pagos para aquellos beneficiarios a quienes se les concedió (el plazo máximo de reconocimiento fue de cuatro años, pudiendo ser continuo o por periodos fraccionados. En 2015 venció para aquellos que disfrutaron de la ayuda en plazo continuo y en 2017 se reflejan aquellos montantes de quienes fraccionaron esos cuatros años).

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Dado que las principales líneas de actuación del Mº de Fomento en materia de vivienda se concretan en el Programa 261-N, puesto que se le asigna un peso específico de un 95% sobre el total de lo presupuestado, a continuación se muestra un gráfico más pormenorizado a través de sus Capítulos.

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Destacar del gráfico anterior el recorte en todos los Capítulos, siendo más acusado en el Capítulo VII "Transferencias de Capital", donde se muestran los ejes básicos que quiere implementar el Ministerio a través de este Programa, es decir: el fomento del alquiler y la rehabilitación, la renovación y la regeneración urbanas a través de subvenciones estatales a las CCAA, Ayuntamiento (Lorca en Murcia) y las ayudas para renta básica de emancipación de jóvenes, subsidiación de préstamos y otros apoyos a la vivienda. Lo cual denota el gran interés que tienen estas políticas para el gobierno del PP.

Una visión más general la podemos apreciar en el siguiente gráfico, que muestra la evolución a lo largo de los últimos años, con bajadas generalizadas, salvo pequeñas subidas en el 2014 y 2016.


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Fuente: UGT